En su comparecencia de ayer en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, el director general de Tráfico, Pere Navarro, dio una vuelta de tuerca a su política en la materia al instar la reforma del Código Penal para que se tipifiquen como delitos la conducción con determinadas tasas de alcohol -por encima de un gramo por litro de sangre-, a velocidad excesiva -superar en 60 kilómetros por hora el límite de velocidad- y sin permiso, por no disponer del mismo o por haber perdido los puntos del nuevo carné. Las posibles sanciones penales a establecer irían desde las privativas de libertad hasta las económicas, pasando por los trabajos en beneficio de la comunidad, además de la pérdida del permiso de conducción entre uno y cuatro años.

La política del Gobierno en materia de tráfico y seguridad vial ha girado sobre dos ejes: el establecimiento del carné por puntos -que entrará en vigor en breve- y la acentuación de los mecanismos de control para la reducción de infracciones. Es innegable la firmeza y convicción del director general en su decisión de reducir el insoportable número de muertos y heridos en las carreteras. Sin embargo, la criminalización del conductor no debería ser la única herramienta para frenar la sangría de accidentes que se vive cada día en España. Aunque son responsables en buena medida de lo que ocurre sobre el asfalto, hay otros factores que exigen una rápida actuación, como la mala calidad y peor mantenimiento de demasiadas carreteras, muchas veces saturadas, la persistencia de excesivos 'puntos negros' y una señalización deficiente. Habría que tener en cuenta, además, principios elementales como el de intervención mínima, en virtud del cual el Derecho Penal es siempre el último recurso, cuando no pueda encontrarse otra respuesta posible, o el de proporcionalidad, que exige un equilibrio, siquiera sea relativo, entre el conjunto de las conductas sancionables; es decir, la prohibición de doble sanción -penal y administrativa- sobre los mismos hechos.