El secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, anunció ayer que todos los países miembros han remitido la información que solicitó respecto a las actividades de la CIA en territorio europeo, excepto Bélgica, Bosnia, Italia, San Marino y Georgia. La medianoche del martes expiraba el plazo para que facilitasen dicha información, por lo que Davis advirtió a estos cinco países que su acción es una «clara violación» de la Convención Europea de Derechos Humanos que deben resolver «con urgencia».

El Consejo de Europa solicitó la información el pasado 23 de noviembre, después de que los medios de comunicación desvelaran la existencia de cárceles secretas de la CIA en territorio europeo, y que vuelos fletados por la agencia secreta estadounidense hubieran hecho escalas en aeropuertos europeos para trasladar en secreto a prisioneros desde países donde presuntamente fueron torturados. Precisamente, la información requerida por el Consejo podría averiguar si los Gobiernos habían cumplido la Convención Europea de Derechos Humanos, en relación a la prohibición a la tortura (artículo 3), derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 5) y derecho a un juicio justo (artículo 6). Según dicha Convención, los países están obligados a tomar medidas para evitar que se produzcan estos delitos.

Lista de preguntas

Davis envió a los gobiernos nacionales una lista detallada de preguntas con las que conocer las leyes adoptadas en cada país en la prevención de desapariciones forzosas, detenciones secretas y «entregas extraordinarias» a países donde los prisioneros puedan ser sometidos a tratos inhumanos, y más concretamente, las medidas aplicadas a partir de enero de 2002. Según ha informado el Consejo de Europa, 41 de los 46 países han respondido a la petición. Tras la advertencia, ya ha habido reacciones, y el embajador italiano ante la institución se ha comprometido a facilitar de forma inmediata dicha información.

La petición de Davis a los gobiernos complementa la investigación abierta a su vez por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a cargo del senador suizo Dick Marty, sobre supuestas actividades ilegales de la CIA en Europa. Para ello, el secretario general hizo uso de los poderes le concede el artículo 52 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que afirma que, a petición suya, todos los Estados firmantes de este tratado deben «suministrar las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su Derecho Interno asegura la aplicación efectiva» de la propia Convención. Es la octava vez que se usa este poder en toda la historia del Consejo de Europa, que es la organización paneuropea más antigua (data de 1949).

El presidente de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Lluís María de Puig, entregó el pasado día 14 su escrito de conclusiones, en el que afirma que no hay pruebas de que en España se hayan realizado este tipo de vuelos con detenidos ilegales. El senador catalán elaboró el texto después de consultar a todos los grupos parlamentarios tras escuchar las alegaciones del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a finales de noviembre en el Congreso de los Diputados.