El Gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción en la zona petrolera amazónica tras 48 horas de violentos ataques a dos oleoductos que se saldaron con tres heridos entre los manifestantes y dos estaciones de bombeo paralizadas por los ataques de habitantes de la región, que reclaman mejoras en las infraestructuras prometidas por el anterior gobernante, Lucio Gutiérrez. El presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, ordenó la noche del martes que la provincia de Napo sea considerada «zona de seguridad». En esta región del Amazonas se concentra el 95% de las explotaciones petroleras del país, que constituye la principal industria de la nación andina, con una producción diaria de unos 500.000 barriles de crudo por día y que provee el 40% de los ingresos por las exportaciones.

La fuerza pública ha sido desplegada para proteger otras instalaciones de posibles ataques, puesto que otras provincias podrían sumarse a la iniciativa de Washington Dávila, alcalde de Tena, la capital del Napo y uno de los líderes de las manifestaciones.

Al grito de «Palacio asesino» y «Queremos justicia», los vecinos de esta región protestan por el incumplimiento del Gobierno de la promesa que recibieron el año pasado de que serían construidas dos carreteras, un aeropuerto y obras públicas de saneamiento. Esta zona amazónica, en cuyas entrañas está la mayor riqueza del país, recibe, sin embargo, poco de los beneficios. La mayor parte de sus residentes no pueden disfrutar de alcantarillado, agua potable, red de asistencia sanitaria, asfaltado o viviendas en condiciones.

Pérdidas millonarias

El lunes se produjo el ataque al Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que transporta 360.000 barriles diarios, y el martes al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), con capacidad para 160.000 barriles diarios. Ambos tienen 503 kilómetros de longitud y desembocan en puertos del océano Pacífico. Sólo el cierre temporal del SOTE representó más de 11 millones de euros de pérdidas.

Tres manifestantes recibieron impactos de bala de militares que trataban de proteger la estación de bombeo de OCP, administrado por un grupo formado por la petrolera Encana (Canadá), Repsol YPF (hispano-argentina), Petrobras (Brasil), Occidental (EE UU), Perenco (Francia) y Agyp (Italia).

El ministro de defensa, Oswaldo Jarrín, acusó a los manifestantes de extorsión, coerción y secuestro. Afirmó que si las protestas se extienden a otras provincias petroleras, Ecuador necesitará de una fuerza de paz extranjera para controlarlas.