El texto de la nueva Constitución gibraltareña se conocerá antes de que los gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar presenten sus nuevos acuerdos de cooperación, según aceptaron las tres partes en el curso de una reunión de dos días a puerta cerrada en el sudeste de Inglaterra.

El director general para Europa y América del Norte, José Pons, expresó la preferencia del Gobierno para que se publique antes el texto constitucional, que contendría una adopción genérica del derecho de autodeterminación de los pueblos contemplada en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Ambos procesos, el de reforma constitucional -entre Londres y Gibraltar- y el de cooperación trilateral -entre Madrid, Londres y Gibraltar-, convergen ahora y la diplomacia española ha planteado su preferencia en el calendario para evitar que una declaración autodeterminista posterior parezca avalada por el Gobierno.

El Ministro Principal de la colonia, Peter Caruana, ha convocado a los partidos gibraltareños el próximo día 6 a un encuentro en el que se prevé que estudien el último borrador y expresen su punto de vista. El Gobierno gibraltareño no está obligado a convocar un referéndum constitucional, aunque lo considera deseable.

La presentación del plan trilateral de cooperación sobre uso conjunto del aeropuerto, pago de pensiones a ex empleados españoles en la Roca y telecomunicaciones, dependerá ahora, cuando está prácticamente acabado, de la evolución de la política interna gibraltareña y del contenido preciso del texto constitucional.

El propio Caruana manifestó ayer en Londres que, una vez lograda la modernización de las relaciones entre la colonia y la metrópoli, reguladas ahora por la Constitución de 1969, su Gobierno acudirá al Comité descolonizador de los 24 , en la ONU, para que quite a Gibraltar de la lista de territorios a descolonizar.

Este anuncio puede acarrear nuevos aplazamientos en la cooperación trilateral, porque la reclamación española sobre el territorio gibraltareño se basa en el Tratado de Utrech, que contempla sólo su traspaso de Reino Unido a España, y en las resoluciones del comité descolonizador de la ONU, que no incluyen la autodeterminación.