La futura Ley de la Memoria Histórica, que prepara el Gobierno central para tratar de reparar a las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura franquista y el periodo de la Transición a la democracia, incluirá los trágicos sucesos ocurridos en Vitoria el 3 de marzo de 1976. Así lo anunciaron ayer la vicepresidenta del Gabinete Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, José Antonio Alonso.

Aquel día, la Policía Armada mató a cinco trabajadores e hirió a más de cien -veinte de ellos de gravedad- durante la represión de una asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco, en la zona de Zaramaga, y en los enfrentamientos anteriores y posteriores a aquella reunión. Los agentes recibieron órdenes de emplear fuego real. Su máximo responsable era el entonces ministro del Interior, Manuel Fraga Iribarne, hoy miembro del Senado tras presidir durante años la Xunta de Galicia.

Familiares de las víctimas y sindicatos han intentado sin éxito que la Justicia determine las responsabilidades derivadas de aquella actuación policial y castigue a los culpables.

Treinta años después, el Gobierno de la nación prepara en estos momentos el borrador de la futura Ley de la Memoria Histórica. Por mandato de las Cortes, una comisión interministerial está trabajando para elaborar un proyecto de ley que servirá para compensar de alguna manera a las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura y la Transición.

La labor de este grupo de trabajo se desarrolla en tres vertientes: realizar un análisis general sobre la situación de las víctimas -entre ellas las de Vitoria-, estudiar la situación de los distintos archivos y redactar el borrador de lo que podría ser el proyecto de ley prometido por el Gobierno y que, según Fernández de la Vega, llegará al Congreso «antes del verano».

En ese contexto, el PNV y EA aprovecharon ayer la sesión de control al Gobierno para formular preguntas sobre lo ocurrido aquel 3 de marzo. La vicepresidenta les aseguró que, «obviamente, esos sucesos estarán en el borrador de la ley».

«Abrir causas judiciales»

En respuesta a la diputada de EA Begoña Lasagabaster, el ministro del Interior recordó que las solicitudes de indemnización de algunos afectados al amparo de la Ley de Víctimas del Terrorismo fueron desestimadas por los tribunales en 2000 porque no tenían cabida en esa norma legal. Pero José Antonio Alonso insistió en que recibirán «respuesta» en la futura ley.

Tras conocer las afirmaciones de De la Vega y Alonso, el portavoz de la asociación de víctimas del 3 de marzo, Andoni Txasko, se mostró esperanzado. «Esperamos que esa ley sirva para reconocer a las víctimas y ofrecerles algún tipo de resarcimiento», dijo.

En cualquier caso, Txasko lamentó no haber podido mantener contactos directos con el Gobierno pero indicó que el colectivo le había solicitado, por escrito, la apertura de las «causas judiciales» relacionadas con la tragedia. «Sin embargo, creemos que el PSOE no está por el enjuiciamiento de los culpables», agregó el portavoz.