Cambio de sistema. Mil alaveses con economías apuradas deberán ponerse en contacto con una entidad benéfica o una parroquia para poder seguir recibiendo la comida gratuita que les ayuda a subsistir. ¿La razón? La modificación del funcionamiento de ese plan de ayuda social.

Estas personas necesitadas recibían hasta ahora durante dos veces al año los lotes de comida de manera individual. Pero este programa, llamado 'Alimentos para la solidaridad', ha cambiado de manos y la nueva organización que lo lidera tramitará las entregas a través de entidades benéficas, y no de forma personal.

El Ministerio de Agricultura ha decidido que el Banco de Alimentos sea el que gestione desde marzo la campaña de reparto de decenas de toneladas de comida procedentes de la Unión Europea, lo que ha provocado la drástica modificación y cierto desconcierto entre los beneficiarios.

La organización que ha realizado esta campaña durante los últimos 14 años, Cruz Roja de Álava, había elaborado su propio listado con las personas a las que entregaba individualmente los productos, con las indicaciones que le transmitía el Ayuntamiento de Vitoria.

Funcionamiento

Los trabajadores sociales «nos decían quiénes merecían recibir esta comida. Siempre ha sido así porque hemos querido aprovechar al máximo los productos», subraya la presidenta de la organización humanitaria en Álava, Ana Aguirre. Pero esta manera de trabajar está a punto de desaparecer.

El Banco de Alimentos, que recibe el testigo del programa, ni siquiera solicitará los nombres y apellidos de los beneficiarios de los lotes. Lo que hará, según especificaron sus responsables, será ponerse en contacto con asociaciones benéficas y parroquias que darán el visto bueno a las personas que necesitan esos productos. «Así hemos hecho desde que empezamos con otros programas solidarios y tenemos un listado de unos 65 colectivos sociales y parroquias en Álava con los que trabajamos. Nuestra máxima es evitar el despilfarro», explicó Antonio Eguizábal, responsable de la entidad.

Se da la circunstancia de que aunque la organización hubiera pedido a los anteriores gestores del programa su listado de perceptores, la Cruz Roja no podría dárselo. Y es que incumpliría la Ley de Protección de Datos. «Cometeríamos un delito», alertó Ana Aguirre.

De hecho, esta confidencialidad ha provocado que en Vizcaya no se puedan repartir alimentos a nada menos que 7.000 personas, cuyas identidades no pueden ser reveladas por parte de la Cruz Roja y que antes estaban en el programa. En esa provincia, en cambio, los productos se seguirán dando de forma individual.

En Álava, los beneficiarios del programa han empezado a interesarse por el primer reparto del año y el Banco de Alimentos ya ha recibido las primeras llamadas de confusión. «Les decimos que vayan a alguna asociación benéfica. Les indicamos una adecuada y hasta nos hemos puesto en contacto con alguna para ayudar a varios», precisa Antonio Eguizábal.

El responsable de la organización no ve «demasiados problemas» en la exigencia de este trámite porque «al final, será lo mejor».