«Es positivo que nos reconozcan como víctimas, pero resultará insuficiente si ello no va acompañado de un esclarecimiento de lo que pasó de verdad hace 30 años y de una delimitación de los responsables de aquellos sucesos». Así de tajante se mostraba ayer el portavoz de la asociación de víctimas del 3 de marzo, Imanol Txasko, al referirse a la futura Ley de la Memoria Histórica sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista que tramita el Gobierno en el Congreso de Diputados

«No nos vale una indemnización económica, si acaba llegando algún día, porque lo que de verdad reclamamos es justicia y verdad», aseguró el representante de los familiares y compañeros de los cinco muertos y cientos de heridos habidos en Vitoria en marzo de 1976. Una actuación de la Policía Armada en respuesta a las reivindicaciones obreras que se vivían en aquella época en la ciudad tiñó de sangre los aledaños de la iglesia San Francisco de Zaramaga.

«Seguimos exigiendo justicia y verdad» fue precisamente el lema que utilizaron ayer los representantes de ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS para convocar a los vitorianos a los actos conmemorativos de los sucesos, de los que se cumple este año el treinta aniversario.

Una película en los cines Guridi sobre otros hechos similares ocurridos por aquella época en los Sanfermines de Pamplona abrirá el programa el miércoles. El viernes la plaza del 3 marzo, en Zaramaga, frente a la iglesia, acogerá la ya tradicional ofrenda floral que dará paso luego a una manifestación que recorrerá las calles para concluir en la Virgen Blanca.

Un recital del cantautor catalán Lluis Llach en el Buesa Arena esa misma noche será el colofón de la celebración.

Herederos

«Somos herederos de aquella lucha», explicaron los portavoces de las centrales nacionalistas. «Seguimos luchando por los mismos derechos políticos y sindicales de entonces, sufriendo 30 años después un déficit clamoroso en el campo de las libertades», aseguró Iñaki Martín, de ESK, en nombre de los sindicalistas.

«Continuamos, además, reclamando que se investiguen los hechos y se identifique a los culpables tanto directos como políticos de la matanza, alguno de los cuales sigue ocupando sus poltronas», insistió.

La portavoz de LAB, Lourdes Urribarri, puso el acento en las «adversas condiciones laborales que tres décadas después vivimos los trabajadores, con la precariedad, la explotación y la discriminación en primer plano». La situación de emigrantes y mujeres, las privatizaciones, la subcontratación y la siniestralidad fueron otros argumentos esgrimidos.