El lunes de Carnaval arrancó con bronca en la Casa Consistorial. Los grupos de la oposición habían solicitado la comparecencia urgente de la concejala de Medio Ambiente para que explicara sus dudas compartidas sobre la propuesta de adjudicación de la contrata de limpieza de la ciudad a FCC. La empresa de Esther Koplowitz sustituirá a Cespa durante los próximos ocho años al frente de un servicio que costará a Vitoria 20 millones de euros anuales, después de que los técnicos municipales hayan otorgado a su propuesta la puntuación más alta.

El toma y daca entre Idoia Garmendia y los ediles del resto de partidos alcanzó su cénit cuando el socialista José Manuel Bully acusó al equipo de gobierno de «falta de transparencia» durante un proceso en el que «han mentido varias veces», enfatizó alto y claro. En este punto, la concejala popular expresó su indignación por lo que tildó de «barbaridad» y, asesorada por el teniente de alcalde Javier Maroto, aseguró que esas afirmaciones «ponen en juego» el acuerdo presupuestario recientemente alcanzado entre el PP y el PSE. Según pudo confirmar EL CORREO después, el calendario para aprobar el documento económico en la Corporación continúa intacto.

Este último capítulo sirvió para que se encendieran aún más las críticas de la oposición contra la concejala de Medio Ambiente por «amenazar y chantajear». Idoia Garmendia calificó de «circo» la reunión y aseguró que la propuesta de contratación a FCC «atiende estrictamente a criterios técnicos, por lo que no caben valoraciones políticas». Éste fue el argumento más utilizado por la edil popular. Sin embargo, no despejó las dudas del resto de los partidos municipales.

Sospechas

Todos ellos coincidieron en expresar sus sospechas por que el alcalde Alonso decidiera expulsar a los partidos de la mesa de contratación -el órgano que supervisa la adquisición de bienes y la adjudicación de obras- «días después de que aprobara el pliego de condiciones de la contrata de limpieza». «¿Una casualidad?», preguntó en alto el concejal socialista José Manuel Bully.

La peneuvista Malentxo Arruabarrena señaló, por su parte, que el «rumor» de que FCC resultaría adjudicataria del servicio «estaba en la calle». Apuntó, asimismo, que la presencia de una empresa «de tanto poder» en el concurso, «seguramente ha disuadido a otras de concurrir».

Bastante más lejos fue el portavoz municipal de EB, quien retó a Garmendia a que dijera a qué personas o entidades ajenas al Ayuntamiento pidieron asesoramiento para elaborar el pliego de condiciones. «Sorprende cómo FCC atina con goleada en algunos puntos del mismo», comentó. Su homólogo en EA, Antxon Belakortu, reclamó «una reflexión» a la concejal de Medio Ambiente porque la «verdadera barbaridad es adjudicar este contrato con el desacuerdo de todos los grupos».