La decisión de los Príncipes de Asturias de congelar células madre del cordón umbilical de la infanta Leonor en un banco de sangre de Tucson (Arizona, EE UU) no influirá en el futuro desarrollo del proyecto de Ley de Investigación Biomédica, que está preparando el Ministerio de Sanidad. Así lo confirmó ayer la titular del Departamento, Elena Salgado, que argumentó que «los gobiernos hacen las normativas de acuerdo con el interés general». La ministra, que acudió a la inauguración del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en Madrid, descartó valorar la decisión de «una familia» y anunció que en los próximos meses «habrá un decreto» que regule el funcionamiento de este tipo de iniciativas.

El Gobierno ha hecho suyas las afirmaciones de Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que ha manifestado en repetidas ocasiones que esta actividad «choca con el sistema de trasplantes establecido en España». Según el experto, que ha cargado duramente contra los bancos de sangre privados, las donaciones «no deben ser dirigidas a una persona determinada, sino a un bien común». Sobre este mismo pilar se vertebra el discurso de Sanidad, que considera «ilegal» congelar y conservar la sangre del cordón umbilical de un bebé en beneficio propio porque «contradice el espíritu no lucrativo» de la Ley de Trasplantes en vigor.

La nueva norma que está ultimando el departamento de Salgado no prohibirá expresamente el uso personalizado de las células madre de cordón umbilical, aunque lo impedirá en la práctica. La razón es que la directiva europea impone que toda actividad de donación y trasplante se realice sin ánimo de lucro. Es decir, nada de iniciativas privadas en este campo de la genética. De hecho, hace unos meses la empresa valenciana Biostab Proresurgo puso en marcha un banco de sangre de estas características sin pedir permiso a las autoridades y chocó contra la muralla administrativa. El Gobierno autonómico, al tener conocimiento de los hechos, declaró el cese cautelar del negocio.

Con este panorama, cientos de españoles optan por firmar un contrato con empresas extranjeras para que custodien el material genético de sus hijos. Los padres del bebé lo consideran una especie de 'seguro de vida' que suscriben por un precio que oscila entre los 1.500 y los 2.000 euros. Llegado el caso -el plazo máximo de almacenamiento es de 20 años-, las células del cordón umbilical se descongelarían y se emplearían en el tratamiento de posibles enfermedades futuras como linfomas, leucemias y tumores infantiles.

Sin impedimento legal

Marcelo Palacios, presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), lamentó ayer que los españoles tengan que enviar a una empresa extranjera el cordón umbilical de sus hijos en lugar de conservarlo en su país. Según Palacios, «no hay ningún impedimento legal» para que una firma privada ofrezca este tipo de servicios en España. El experto, que se ampara en el Real Decreto 411/1996 -relativo a la regulación de las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos-, sostiene que «son las comunidades autónomas las que tienen la potestad de autorizar o denegar la creación de un centro de estas características, sea de carácter público o privado». Si los gobiernos autonómicos dan el visto bueno, subraya, lo único que deberán hacer es comunicar su decisión al Ejecutivo central, «pero nunca tendrán que pedirle permiso para sacar adelante el proyecto».

Quizás la incompatibilidad de criterios reside en la diferencia que existe entre dos términos muy dispares: mientras que Sanidad habla de «donaciones», Marcelo Palacios prefiere usar el término «depósitos». «En el caso de los cordones umbilicales no podemos hablar de donaciones. Son depósitos y una persona puede hacer con ellos lo que quiera, así que no podemos hablar de la incompatibilidad con el principio altruista».

El hecho es que en España no existen bancos privados de sangre de cordón umbilical, pero sí públicos. Son seis: los de Barcelona, Málaga, Madrid, Galicia, Valencia y Canarias. Según Matesanz, el sistema operativo de estos centros «está basado en la solidaridad». El director de la ONT, que expresó sus dudas sobre el poder terapéutico de estas células, manifestó que no se puede prohibir el envío de los tejidos al extranjero porque «sólo se almacenan y no sabemos qué se va a hacer con ellos».