El punto más caliente de la actuación que el Ayuntamiento pretende acometer en lo alto de la colina donde se engendró la ciudad se llama gaztetxe. El edificio, de titularidad municipal, acogió en su día las antiguas cocheras del Obispado y desde hace años está ocupado por los jóvenes que integran la gazte asanblada.

Para el equipo municipal de gobierno, la revitalización de El Campillo pasa inevitablemente por demoler el inmueble y realojar a sus ocupantes en otro local. Esta opinión es compartida por los socialistas, pero no así por el resto de las formaciones políticas, que defienden su continuidad. En concreto, el principal grupo de la oposición, el PNV, rechaza de manera frontal su derribo. Considera que el gaztetxe no es un estorbo para la construcción en la zona del párking subterráneo.

El Gabinete Alonso esgrime, entre otros motivos, que su permanencia acarrearía un aparcamiento de menores dimensiones. En concreto, cifra en un centenar las plazas que tendrían que sacrificarse si el edificio sigue en su sitio. Esto es, de las 440 que plantea, se quedarían en 340. Esta reducción pondría en entredicho la conveniencia de invertir cerca de 3,3 millones de euros para cavar un túnel de acceso desde la trasera del Banco de España.

Pacto a tres bandas

A estas dos posturas encontradas se une el compromiso adoptado por los concejales que integran el grupo municipal de trabajo encargado de definir el futuro del Casco Medieval. El acuerdo es que los proyectos deben tener al menos el visto bueno de tres partidos.

Así, las cosas, la toma de decisiones en El Campillo pasa porque el PNV, EB o IU den un giro drástico a su postura sobre el gaztetxe.