La Audiencia Nacional aplicará de inmediato a los 184 presos etarras condenados con el Código Penal de 1973 la doctrina para el cálculo de los beneficios penitenciarios que el Tribunal Supremo diseñó el martes pasado en la sentencia del 'caso Parot', según confirmaron ayer fuentes judiciales.

El objetivo del tribunal, que en los próximos días transmitirá las órdenes a Instituciones Penitenciarias, es conseguir que ninguno de los terroristas salga de la cárcel antes de haber cumplido de forma efectiva la totalidad de sus penas, con un límite máximo de estancia en prisión de 30 años.

La revisión del cumplimiento de estas condenas tendrá como resultado que ningún etarra 'histórico' con penas múltiples por delitos graves -condiciones que cumple buena parte de los 184 reclusos- saldrá de la cárcel antes de pasar 30 años, como le ocurrirá al propio Henri Parot, ex jefe del 'comando itinerante' de ETA y condenado a más de 4.500 años de prisión por más de 150 asesinatos consumados o intentados.

Hasta ahora, estos terroristas condenados antes de 1995 salían de la cárcel, con su condena agotada, tras cumplir de forma efectiva entre 18 y 20 años de prisión, debido a lo que el Supremo ha considerado una errónea aplicación de las redenciones de penas contempladas en el código de 1973, derogadas por la ley penal de 1995.

La revisión masiva y urgente de condenas que va a emprender la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en los próximos días llegará a tiempo de impedir que salgan de prisión de forma anticipada quince etarras 'históricos' que iban a ser excarcelados en 2006.

La primera revisión

La primera instrucción a un centro penitenciario se cursará hoy para revisar la condena del ex miembro del 'comando Araba' José Ignacio Gaztañaga, que iba a ser excarcelado el próximo 29 de marzo tras 18 años preso. Condenado por el asesinato de un policía nacional y acumuladas todas sus penas para un máximo de 30 años, no saldrá de prisión hasta 2018.

El segundo afectado será Domingo Troitiño, ex jefe del 'comando Barcelona' responsable en 1987 de la matanza de Hipercor, que iba a dejar la cárcel el 5 de mayo pese a estar condenado a miles de años; ahora, ya no la abandonará hasta 2017. Lo mismo les ocurrirá en lo que queda de año a otros trece etarras, entre ellos José Antonio López Ruiz, 'Kubati', el presunto asesino de la ex dirigente de ETA 'Yoyes', que esperaba pisar la calle el 24 de junio próximo y que lo hará al tiempo que Troitiño, en 2017.

El pleno de la Sala de lo Penal determinará hoy la fórmula concreta que utilizarán sus distintos tribunales para llevar a cabo la revisión de las condenas. Muy posiblemente, el sistema consistirá en el envío de requerimientos individualizados a Instituciones Penitenciarias para que sean los directores de las prisiones quienes revisen y recalculen el calendario de excarcelación.

Los centros remitirán a la sala una propuesta para la liquidación de la condena de cada etarra y será el tribunal, tras escuchar al fiscal, quien estudiará el documento y le dará validez. El tribunal que tomará la decisión es el que dictó la última sentencia. La revisión, por razones de urgencia, se iniciará con los que iban a cumplir sus condenas en 2006, y se extenderá al resto, ya que es un procedimiento sencillo y que se puede completar en pocos meses.

La 'doctrina Parot' sólo es aplicable a los condenados por el código de 1973 que todavía continúan en prisión, es decir, que no han cumplido las penas en su integridad. No en todos los casos será preciso emprender la revisión de pena; sólo cuando el etarra ya tenga aprobada desde hace meses o años la acumulación de condenas.

Los terroristas que están pendientes de la celebración de su último juicio recibirán el calendario de liquidación de condena ajustado al nuevo sistema en el mismo momento que el que el tribunal tenga que decidir sobre la acumulación de sus penas. Es el caso de dos ex jefes de ETA, Santiago Arróspide Sarasola, 'Santi Potros', y Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito', cuyas solicitudes de acumulación de condenas están sobre la mesa de la Sala de lo Penal que, cuando las resuelva, les comunicará que ya no abandonarán la cárcel hasta el 2030, diez años después de lo que pensaban.