El PSOE dejó ayer claro a ERC que no habrá cambios en el modelo de financiación para Cataluña pactado con CiU. Los socialistas hicieron valer el acuerdo alcanzado en La Moncloa por José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas y aprobaron un texto que, según el líder convergente, permitirá a la Generalitat recaudar más del 50% de los impuestos que se pagan en su territorio. La plasmación definitiva de este pacto en la ponencia del Congreso aboca a los republicanos de forma casi determinante al voto negativo al conjunto del Estatut en la última votación de las Cortes.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Puigcercós, defendió la creación de una agencia tributaria propia que recaude todos los impuestos soportados en Cataluña, el compromiso de que en 15 años la capacidad financiera por habitante se equiparará a la de las comunidades con Concierto (País Vasco y Navarra) y la eliminación del tope de 8 años para equilibrar las inversiones del Estado en las autonomías.

Ahora, lo único que podría modular el rechazo de los independentistas al proyecto sería el traspaso a la Generalitat del aeropuerto del Barcelona; un asunto para el que también presionan CiU e ICV y en el que el PSOE no parece dispuesto a dar su brazo a torcer.

La ponencia del Congreso aprobó ayer también el título relativo a las relaciones institucionales de la Generalitat. En él, según el PP, se incluyen una serie de artículos con los que se crea, en palabras de Federico Trillo, un «embrión de Estado». El portavoz del PP catalán, Josep Piqué, admitió que el PSOE ha introducido enmiendas sobre el texto original del Parlament para limar los elementos de bilateralidad «pura y dura». Sin embargo, a su juicio, se trata sólo de un «maquillaje» que abre las puertas para una gran «conflictividad» en el futuro.

Entre las competencias que asumirá el Ejecutivo catalán están la de la planificación de la política económica del Estado para Cataluña o su papel «determinante» en la posición del Gobierno ante la UE en cuestiones que afecten a competencias exclusivas de la Generalitat.