Numerosas instituciones y entidades alavesas y vascas han alertado ante el riesgo de que el proceso de deslocalización empresarial se acelere por encima de lo asumible por nuestra economía. El último aviso ha corrido a cargo de la Diputación de Vizcaya, que ha mostrado públicamente su disgusto y su preocupación por el incremento registrado en los últimos tiempos en el ritmo de salidas de empresas de su territorio. Hay dos causas que explican la agudización de este fenómeno: el proceso de globalización y la pérdida de centros de decisión. La mundialización de la economía permite trasladar las mercancías de un país a otro con insospechada facilidad, evitando así la tradicional restricción de tener que situar la producción cerca de los lugares de consumo para reducir costes de transporte y eludir barreras de protección. En este terreno poco pueden hacer las instituciones locales, ya que la globalización, además de inevitable, es un proceso imparable cuya evolución se escapa de cualquier control. La posibilidad de intervención institucional, debería, por tanto, incidir, y así lo cree la Diputación vizcaína, en buscar soluciones en la pérdida de los centros de decisión. Aunque disponer de ellos tampoco es una garantía absoluta de permanencia de las instalaciones productivas, no cabe duda de que su cercanía palía enormemente el problema. Para un responsable empresarial es siempre más sencillo decidir el abandono de una factoría situada a miles de kilómetros.

La preocupación es razonable y el análisis del fenómeno es correcto, pero la solución propuesta, endurecer la concesión de las ayudas públicas que correspondan en cada caso, es ineficaz y no conseguirá evitar la marcha de quien haya decidido irse y puede restar atractivo a quienes consideren la posibilidad de venir a implantarse entre nosotros. Las ayudas públicas son convenientes, y en ocasiones necesarias, para igualar otras ofertas de localización regional competidoras, pero no son nunca el eje central del problema. La mejor garantía de atractivo y permanencia es disponer de un marco regional competitivo que disponga de buenas infraestructuras, de trabajadores cualificados, de costes ajustados y de un entorno social, sindical y político amable, eficiente y acogedor. Las instituciones públicas deberían centrarse en propiciar este clima favorable, a lo que la violencia y la extorsión terroristas poco colaboran, solucionando unas evidentes carencias, y esforzarse al máximo en convencer a empresas y organismos de la idoneidad de Euskadi como centro de decisión. Este complejo proceso no se arregla con medidas de coerción, sino con ayudas de promoción. Pero entendiendo que la responsabilidad es de todos y no solo de las instituciones públicas. Los empresarios, los sindicatos y la ciudadanía tienen su importante cuota de protagonismo. La globalización y su corolario de deslocalización son un reto general que a todos afecta y su solución sólo puede llegar con el esfuerzo general de todos.