Los paros de los conductores de Tuvisa están a punto de cumplir tres meses y el conflicto por la negociación del convenio laboral sigue sin solución. Lejos de apaciguarse los ánimos, los chóferes acaban de abrir un nuevo frente contra la empresa que está a punto de desembocar en los tribunales. Y es que los sindicatos del comité de empresa preparan estos días una denuncia contra la compañía municipal de transporte urbano a la que acusan de contratar de manera «irregular» a medio centenar de eventuales.

La demanda está siendo estudiada por todas las centrales que conforman el comité de empresa (CC OO, ELA, LAB, ESK y CGT). Algunas de ellas ya han pedido a los afiliados eventuales con más de un año de antigüedad en Tuvisa que les envíe fotocopias de sus contratos. Fuentes sindicales revelaron ayer a EL CORREO que la interporsición de la denuncia es «inminente».

La plantilla tiene un objetivo muy concreto: que un juez le dé la razón para que estos trabajadores «pasen a ser indefinidos, que es lo que les correspondería de forma automática. O sea, que les den la plaza». Si los tribunales les diesen la razón, la oferta pública de empleo anunciada por el Ayuntamiento para ampliar la plantilla de conductores «no sería necesaria», según los sindicatos.

La nueva postura reivindicativa de los trabajadores se ha fraguado con la máxima discreción durante los últimos dos meses. El 12 de enero acudieron a las oficinas de inspección de trabajo para denunciar que Tuvisa hacía «sustituciones irregulares».

Siete días más tarde se produjo un hecho que reforzó las tesis de los sindicatos. El Ayuntamiento recibió una resolución del juzgado de lo social número 2 de Vitoria relacionada con una cuestión distinta, la oferta pública de empleo de 26 plazas que quería iniciar el Consistorio y que había sido recurrida por algunas centrales. Ese texto, que terminaba dando luz verde a la OPE, incluía varias referencias que sorprendieron al comité de empresa.

Tribunales

En medio de las consideraciones, el fallo judicial entendía que Tuvisa «es una empresa privada», según relatan fuentes sindicales. El comité de empresa no ha tardado en relacionar esta afirmación con la demanda que prepara. «Si el lugar en el que trabajamos no es público, no entendemos por qué ahora hay más de 60 eventuales ni por qué muchos de ellos lleven hasta diez años así».

Según añadieron las mismas fuentes, «es palmario que en cualquier otra empresa privada estas personas serían ya indefinidas». De ahí la decisión de los sindicatos de analizar por separado esta cuestión en profundidad para llevarla ante los tribunales. Al ser los denunciantes más de diez deberán tener un único abogado.

i.cueto@diario-elcorreo.com