Si la explicación dada por el Ministerio de Industria es cierta, el asunto es una soberana chapuza; pero, si es mentira, se trata de un auténtico atropello jurídico. En principio, nadie debería sospechar de la rectitud de la información proporcionada y todos deberíamos admitir el derecho a equivocarse. Aunque es cierto que los servidores públicos que atesoran tantas y tan graves responsabilidades deberían ser más cuidadosos y evitar tropezar en el ridículo con tan generosa frecuencia como hacen algunos ministerios de este Gobierno. Entregar a la salida del Consejo de Ministros de la pasada semana una versión del decreto adoptado 'in extremis' y publicar, días después, otra diferente en el BOE es algo que, además de sospechoso, resulta incomprensible.

En efecto, la secuencia de los hechos y, sobre todo, el sentido de los errores permite suponer que las modificaciones aparecidas responden a la voluntad en lugar de a la torpeza. El primer cambio introducido concede más poderes a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) -lo que, a la vista de cómo actúa ésta, se puede considerar como algo innecesario y rayano en la temeridad-, lo que siempre le viene bien al que gobierna. Los dos siguientes eliminan las trazas que contaminaban el decreto al conferirle un marcado carácter 'ad hoc', destinado a frenar la operación de E.on. Analizando los cambios en su contexto podríamos decir, sin riesgo de exagerar, que se eliminan las trazas, pero no las intenciones. Es algo tan obvio el para qué y contra quien se dirige la nueva norma que tratar de ocultarlo, en lugar de restar gravedad al asunto, le añade dosis de sarcasmo.

Si alguien supone que con tan bastas triquiñuelas va a enredar a la Comisión Europea es que desconoce su funcionamiento. Para cualquier Gobierno ha sido siempre más sencillo ningunear a Bruselas que engañarle. Para Montilla también lo será. Así que un poquito de por favor