Un juez francés ordenó ayer a la empresa 'Cogema' que facilite a Greenpeace datos para demostrar que las actividades que desarrolla, el transporte y tratamiento de residuos nucleares, son legales. Por otra parte, la asociación ha denunciado que el 60% de los barcos pesqueros de arrastre pertenecen a países comunitarios como España, Francia o Dinamarca.