El juez de Menores de Vitoria impuso el año pasado 166 penas y castigos reeducativos a un total de 120 menores de edad que cometieron faltas o delitos. Este tipo de medidas ha aumentado un 52% respecto a hace una década y casi duplican la cifra de 2003.

Este espectacular aumento obedece a que «llegan a la Justicia más asuntos. Conflictos que antes se resolvían en el ámbito educativo o familiar ahora se trasladan a los juzgados», señala un portavoz autorizado del servicio de Justicia Juvenil del Gobierno vasco, la administración encargada de vigilar que se cumplen las órdenes dictadas por los juzgados.

Cuando un menor infringe las normas, la resolución judicial busca, en primer lugar, castigar una actuación del todo incorrecta. Además, en función de la gravedad de los hechos, el magistrado cuenta con un abanico de recursos que pretenden facilitar al adolescente habilidades, capacidades y actitudes para su correcto desarrollo personal y social, de forma que reoriente su conducta.

Este objetivo reeducativo es el que precisamente explica que 79 de los casos que llegaron hasta la mesa de los jueces -el 65% de todos ellos- se resolviera con prestaciones en beneficio de la comunidad. Es decir, la autoridad judicial impuso a los adolescentes servicios o trabajos en favor de una persona o de un colectivo.

Las tareas decretadas como acto de reparación a una mala acción fueron de lo más variopintas, al ir desde la realización de labores no retribuidas en jardines públicos a colaboraciones con residencias de ancianos, ludotecas o Cáritas.

En otras 22 ocasiones, el juez decretó para el menor tareas específicas de contenido educativo, con el fin de que faciliten su competencia social. La gama de posibilidades es amplia y abarca desde la asistencia a talleres ocupacionales hasta clases de educación compensatoria o cursos de preparación para el empleo. En este grupo se incluyen también talleres de seguridad vial para adolescentes que con sus ciclomotores han provocado un accidente o terapias afectivo-sexuales, si ha habido un problema de abusos deshonestos.

Sólo cuando el delito es más grave, el juez decreta medidas de internamiento. Así, 23 chicos y chicas alaveses permanecieron el pasado año en centros de menores durante una media de seis meses con el objetivo de redimir una conducta equivocada. Otros 11 tuvieron que pasar el fin de semana en estas instalaciones, desde la tarde del viernes a la noche del domingo.

¿Existe un perfil del menor infractor? Sí. Según los datos facilitados por el Departamento vasco de Justicia, el 88% de ellos son chavales de 16 años y nacidos en Euskadi en un 70% de los casos. Ahora bien, desde hace unos cinco años, educadores, policías y jueces están detectando un nuevo tipo de chaval conflictivo: el de un menor extranjero no acompañados y, en particular, de origen marroquí.

Asimismo, los especialistas alertan de una nueva tendencia: el incremento de delitos relacionados con la violencia doméstica. De hecho, en 2005 el juez decretó el internamiento de tres jóvenes por haber maltratado a sus padres.

Los comportamientos infractores en algunas ocasiones son consecuencia o están relacionadas con adicción al alcohol o a las drogas o enfermedades psíquicas. Es por ello que en seis ocasiones el juzgado impuso, además, tratamientos sanitarios.

En cuanto a la rehabilitación, el seguimiento que el Gobierno vasco ha efectuado de los menores indica que en un 68% de los casos no ha habido reincidencia. «Esto nos tiene que hacer replantearnos esa idea de que siempre son los mismos», señala un técnico del Departamento de Justicia.