La celebración de juicios rápidos para analizar asuntos de la denominada 'pequeña delincuencia' se ha consolidado en Álava en los dos últimos años, tras la polémica que generó su reimplantación, en mayo de 2003. Entonces, abogados y funcionarios policiales expresaron con vehemencia sus quejas por los trastornos que les ocasionaba el sistema. Hoy, cuando se celebran un millar de vistas al año en Álava, los trabajadores siguen pidiendo más medios para mejorar su eficacia, aunque reconocen las ventajas del cambio.

Los juicios rápidos dan una respuesta veloz a casos que, por sus características, no requieren largos procesos y pueden ser resueltos por los jueces en días o semanas. Se trata de alcoholemias sin lesiones ni daños graves, hurtos o robos en los que el ladrón es detenido 'in fraganti', amenazas o lesiones leves.

En 2005 se incoaron un total de 1.024 vistas de este tipo en los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia, según los datos facilitados a EL CORREO por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esa cifra no incluye las celebradas desde finales de junio en la sala creada para analizar de forma específica los casos de violencia contra las mujeres.

«El cómputo total es similar al de 2004, y muestra que el sistema se afianza a pesar de existía un cierto temor a que fueran decreciendo», apunta Alfonso Aya, el fiscal-jefe de la Audiencia alavesa.

Aya considera que las vistas urgentes «ahorran tiempo, burocracia y trabajo a medio y largo plazo», y son eficaces para «frenar la repetición de delitos» de poca monta. «Antes, el delincuente tardaba en ver la acción de la justicia, lo que propiciaba que volviese a delinquir. Sin embargo, ahora sabe que, al haber una sentencia en pocos días, un nuevo delito le acarrea la agravante de reincidencia y una pena mayor», explica.

Posible «indefensión»

Esos son, en opinión de los operadores jurídicos consultados por este diario, los aspectos más positivos de una modalidad que también tiene su cara oscura. Y es que el sistema puede generar «indefensión» para los acusados, al haberse establecido una rebaja de un tercio de la pena para quienes se conformen con la condena propuesta por la Fiscalía. «En algunos casos eso supone un beneficio, pero en otros no. Hay quien prefiere conformarse rápidamente en vez de ir a un juicio más reposado, lo que puede limitar su derecho a la defensa por temor a que le impongan una pena más elevada», sostiene el fiscal-jefe.

Una apreciación que comparten el presidente del Colegio de Abogados de Álava, Javier Martínez de San Vicente, CC OO y el CSIF, los sindicatos mayoritarios entre los funcionarios judiciales de Vitoria. Letrados y sindicalistas coinciden en que los juicios rápidos requieren un gran «esfuerzo y coordinación» a todos los profesionales que intervienen en ellos.

Así, en el Juzgado de Guardia tienen que estar presentes el juez, un fiscal, el secretario y los funcionarios judiciales y un abogado, incluso sábados y domingos. Y es que también se celebran vistas en fin de semana, siempre que los imputados acepten las penas propuestas. «Queremos que Gobierno vasco aporte dinero para poner un abogado de refuerzo, porque ahora sólo hay uno que debe compatibilizar esas vistas, con la asistencia a detenidos y otras labores. Y eso genera retrasos y esperas a todos, incluidos denunciantes y testigos», afirma Edurne Castillo, encargada del turno de oficio en el Colegio alavés.

Por su parte, los funcionarios reclaman también «más personal» en el Juzgado de Guardia. «Hay momentos en que los trabajadores están desbordados por la carga y el ritmo que asumen. Se producen situaciones de mucho estrés y, por supuesto, no se cobran horas extras», apunta Segundo Álvarez, delegado del CSIF.

Centrales y letrados reivindican también una remodelación de esas dependencias judiciales para evitar que víctimas, imputados y testigos coincidan en el mismo espacio y garantizar la privacidad de las conversaciones entre acusados y defensores.