Los gobiernos de la UE tratan de establecer medidas que concilien la libertad de uso de los ciudadanos -compartir películas o música- con la protección de la actividad económica. En la Ley de Propiedad Privada recientemente debatida se reconoce el derecho del creador a una remuneración. En España esta forma de pago es el polémico canon por copia privada.

Se trata de un impuesto que grava la compra de soportes sobre los que puedan realizarse copias como CDs o DVDs. Esta tasa afectó considerablemente a los fabricantes de soportes electrónicos desde su implantación en 2003 y redundó en una subida del precio de estos productos. La paradoja es que el canon impone una tasa para salvaguardar, antes de que se produzca, la posibilidad de que el usuario vaya a realizar una copia privada. Esto presupone el derecho a realizar la copia y, sin embargo, muchos CD y DVD están protegidos con sistemas anticopia. Estos sistemas contradicen el derecho que se asume al pagar el canon.