Ni cafetería, ni restaurante de diseño, ni sede de la futura sociedad que gestionará el soterramiento del tren. El Gabinete Alonso estudia ahora un nuevo uso para el edificio que construyó hace cinco años en el paseo de José Erbina y que se encuentra abandonado desde entonces. El equipo de gobierno quiere trasladar a esta ubicación el Departamento municipal de Salud y Consumo (Demsac), que ahora se encuentra en un inmueble del Casco Viejo -junto a la iglesia de San Vicente- que el Ayuntamiento tiene intención de derribar «en los próximos meses».

Así lo explicó ayer el concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, quien descartó de forma categórica la posibilidad de proceder a la demolición total del edificio ubicado junto a las vías, tal y como piden los vecinos que han peleado en los tribunales contra esta «mole de hormigón» que remata la calle Fueros. «El inmueble se adapta muy bien a las necesidades del Demsac, tanto en lo que se refiere al espacio administrativo como al de laboratorios», apuntó el edil del PP.

El Ayuntamiento tratará así de rentabilizar un edificio que ha demostrado ser gafe. Ya hubo problemas durante su construcción y posteriormente todos los intentos municipales por dar uso al inmueble -como cafetería o restaurante- fueron en vano ya que su progresiva degradación ahuyentó a los empresarios. Para colmo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a los vecinos y ha ordenado la demolición de 80 centímetros del muro trasero al invadir terrenos de Renfe donde está prohibida la edificación.

Cumplimiento

El Gabinete Alonso aún no ha ejecutado esta sentencia, a pesar de que el proceso judicial finalizó el pasado mes de octubre y no caben ya más recursos. «Si el Ministerio de Fomento no solicita la demolición, el edificio quedará tal cual», apuntaron ayer fuentes de Urbanismo. En tal caso, quienes la reclamarán serán los vecinos. «A finales de marzo cumple el plazo para que se derribe la parte afectada. Si no se ha ejecutado, lo exigiremos nosotros al tribunal», apuntó ayer su abogado a EL CORREO.

Los residentes que han peleado contra el inmueble son conscientes de que el Ayuntamiento no está obligado a tirar todo el edificio, sino únicamente a demoler los 80 centímetros afectados. «Si pese a todo se mantiene en pie, nos parecerá una estupidez», valoró ayer su representante legal. «Todos sabemos que cuando se soterre el tren será un obstáculo y acabará por derribarse. Acondicionarlo ahora es tirar el dinero», interpretó.