El ministerio fiscal reclamó una multa de 60 euros para un individuo de nacionalidad portuguesa que fue juzgado ayer en Vitoria, horas después de que golpease y amenazase a un empleado del comedor social de Desamparadas. El supuesto agresor, cuya identidad no fue revelada, fue sometido a un juicio rápido después de que la Policía Municipal acudiese al recinto el lunes por la noche tras recibir el aviso del denunciante. Un joven que, en los últimos tres meses, ha sido atacado en dos ocasiones por usuarios del centro regentado por religiosas de la congregación Esclavas de Cristo Rey.

Y es que, de un tiempo a esta parte, los incidentes se han convertido en un ingrediente casi cotidiano del menú de un comedor frecuentado por inmigrantes, perceptores de ayudas sociales, jubilados y personas mayores con pensiones exiguas y jóvenes en paro o con rentas bajas. A finales de febrero usuarios y trabajadores aseguraron a El CORREO que vivían «una situación límite» por el comportamiento de un grupo de indigentes, la mayoría magrebíes, que les «atemorizaban» a diario.

Días antes la Guardia Urbana había tenido que intervenir para desalojar a varios jóvenes «totalmente ebrios» que se negaban a abandonar el recinto, en cumplimiento de una norma interna que prohíbe acceder al comedor a personas embriagadas o drogadas. La intervención policial se saldó esa vez con el arresto de un chico magrebí que agredió a los agentes que intentaban poner orden.

«Muy agresivos»

La violencia física regresó al comedor a primera hora de la noche del lunes, con la llegada de dos individuos que fueron invitados por un empleado a abandonar el edificio al no respetar ciertas normas. «Uno de ellos, magrebí, estaba borracho. Y el otro, portugués, entró comiendo un bollo pese a que no se puede acceder con comida traída de fuera», explicaron fuentes del centro.

«Se pusieron muy agresivos. Y el portugués, un sujeto que causa problemas cada vez que viene, amenazó al monitor con frases como 'hay puñales muy rápidos' o 'te voy a esperar fuera'», añadieron.

El empleado decidió avisar a la Policía Local, momento en que ese mismo individuo le propinó «dos bofetadas» en la cara. Los agentes le sacaron a la calle, le identificaron y le citaron a juicio. Pero, al cabo de diez minutos, regresó.

Los trabajadores del comedor social aseguran que este tipo de incidencias está mermando el número de usuarios. «Algunos nos piden presencia policial permanente porque quieren comer tranquilos».