El Gobierno vasco fijó ayer con nitidez su posición ante la jornada de huelga anunciada para mañana por la izquierda abertzale, convocatoria de la que la Administración carecía de cualquier comunicación formal a menos de 48 horas de que se celebre. El Ejecutivo dijo respetar el derecho de secundar un paro de estas características que asiste a la ciudadanía, pero se esforzó en presentarla como una iniciativa desfasada que retrotrae a las movilizaciones «políticas» de los años 70 y se comprometió públicamente a garantizar la asistencia a sus puestos de todos aquellos ciudadanos que así lo quieran. Sin desvelar qué dispositivo desplegará Interior, el Gabinete Ibarretxe dirigió dos advertencias nítidas a los convocantes: confía en que quienes acudan a sus trabajos lo hagan sin ser «amenazados» y que los huelguistas no generen «disturbios».

El Ejecutivo de Ibarretxe se posicionó ante la movilización de mañana con una declaración leída por la portavoz al término del consejo semanal, que repasó el clima de tensión que ha vuelto a aflorar en Euskadi tras la muerte de dos presos de ETA en la cárcel y que se prolonga con la intención de la izquierda abertzale de sacar su protesta a las calles. La rotundidad de la nota y la posterior defensa que hizo Miren Azkarate, a preguntas de los periodistas, de la actuación del consejero de Interior unificó las consideraciones matizadas de los tres socios y dio lugar a una valoración que sin alcanzar la dureza de la realizada la víspera por el PNV, sí reprueba a Batasuna su actitud en los últimos días. El tripartito volvió a reclamar un «cambio radical» en la política penitenciaria, pero responsabilizó a ETA de haber desencadenado con su llamada a la movilización «un reguero de actos de violencia callejera», y acusó a la izquierda abertzale de haberlos justificado «de forma cínica» como gestos «de duelo».

La sociedad, precisó Azkarate, no entiende que se defiendan los derechos de los presos mientras se tiende «un manto de silencio» sobre los atentados y la 'kale borroka', regresando a escenarios de «hace 15 años»; algo que cuestiona «el compromiso» con la paz de Batasuna. «No nos vamos a dejar intimidar por radicales violentos ni por convocatorias de huelgas políticas al estilo de los años 70», prometió la portavoz, quien pidió a los vascos que estén «tranquilos y serenos». Y tachó de «irresponsable» que la izquierda abertzale culpe a la Ertzaintza, porque eso supone cargar contra la Policía por impedir los delitos y no contra los delincuentes.

En defensa de Balza

Ése fue el antecedente de la defensa que hizo después Azkarate de la actuación de Balza, por la vía de afear a Batasuna que recurra «a las mentiras cuando la situación se les va de la manos» y trate de «ensuciar» la labor del consejero y de la Ertzaintza, a los que concierne directamente la huelga de mañana; el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, recordó que es a las autoridades vascas a las que compete preservar el orden público. El PSE, que ha amparado por anticipado a la Policía vasca, reiteró por boca de Patxi López su exigencia a Batasuna para que, en vez de convocar paros, condene la violencia si quiere ser «creíble».

Las dudas sembradas sobre la muerte de los dos presos encontraron eco en el Ararteko, que cree que existen «razones de peso» para una investigación «profunda» de los hechos. Lamarca evitó valorar si la Ertzaintza se excedió en el homenaje del sábado, pero sí dijo que la Policía debe procurar no emplear «medios violentos». El PNV ha solicitado la comparencia de la directora de Instituciones Penitenciarias en el Congreso.