Por primera vez en la historia de la democracia, un presidente del Tribunal Supremo se ha negado a acudir a una convocatoria del Congreso de los Diputados. Francisco José Hernando dejó ayer plantados a los parlamentarios de la comisión de Justicia ante los que debía explicar la «aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo» a la luz de la nueva doctrina implantada por el alto tribunal por el caso de Henri Parot. Justificó la ausencia porque «su deber constitucional» es «la defensa de la independencia judicial», obligación que, en su opinión, quedaría en entredicho si atendía la petición de la Cámara Baja.

Nunca una ausencia motivó semejante expectación. La comisión de Justicia era un hervidero de diputados e informadores por si había sorpresa de última hora. No la hubo, y la treintena de diputados se quedaron compuestos y sin escuchar a Hernando. Las relaciones entre el Poder Judicial y el Legislativo han sufrido etapas de tensión en las últimas décadas, pero nunca al extremo de que un presidente del Tribunal Supremo desairara de esta forma a las Cortes. Hernando dio el paso amparado en una serie de consideraciones jurídicas y constitucionales, unas reflexiones que en el fondo escondían el enfrentamiento que mantiene con el Gobierno y la mayoría de grupos parlamentarios por su alineamiento con las posiciones del PP.

El cruce de cartas entre la máxima autoridad del alto tribunal y el Congreso desde primera hora de la mañana terminó con la negativa definitiva de Hernando a desplazarse al palacio legislativo. El presidente de la comisión de Justicia, el socialista Álvaro Cuesta, leyó ante los diputados la última respuesta de Hernando, en la que alegó que era «imposible» informar a los diputados sobre la aplicación de la ley en las penas por terrorismo «sin hacer valoraciones», algo que «está vedado» al presidente del Supremo por la Constitución.

Negó asimismo que tuviera «el deber» de comparecer ante la comisión de Justicia ya que el ordenamiento legal limita su relación con los legisladores a las tareas de «información y ayuda». Recordó también que los constituyentes no establecieron «un cauce» para que la máxima autoridad del Poder Judicial rindiera cuentas ante el Legislativo -salvo el de la presentación de la memoria anual- para «preservar» a este poder del Estado del «control político» de los grupos parlamentarios. Por todo ello, concluyó, su deber institucional es «preservar la independencia judicial» y de ahí su «imposibilidad de asistir» a la convocatoria.

Pulso

El presidente del Supremo puso así punto final al pulso de las últimas semanas con el Congreso. Ante la primera citación, Hernando argumentó que el día fijado, el 8 de marzo, no podía acudir porque tenía un pleno del Consejo General del Poder Judicial. La mesa de la comisión acordó adelantar un día la comparecencia. Después invocó que la mayoría del Consejo desaconsejó su comparecencia en el Congreso para explicar actos jurisdiccionales, criterio compartido por la Sala de Gobierno del Supremo. La comisión de Justicia, sin embargo, mantuvo la convocatoria. Por último, envió una carta el 3 de marzo al presidente del Congreso en la que indicó que la sentencia del alto tribunal sobre el caso de Henri Parot le eximía de dar explicaciones ya que la resolución precisaba los criterios sobre acumulación de penas y aplicación de beneficios penitenciarios.

La inasistencia no acarreará ningún perjuicio para Hernando porque no existe obligación legal para acudir a la citación. La legislación sólo establece la obligatoriedad de atender a los llamamientos de los órganos legislativos si se trata de una comisión de investigación, pero no en el caso de otras convocatorias.

Lo extraordinario en esta oportunidad es que por primera vez el presidente del Supremo ignoró la voluntad del Congreso, una actitud que hay que enmarcar en el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP. Hernando, desde la presidencia del Consejo del Poder Judicial, ha avalado la elaboración de informes sobre el Estatuto de Cataluña y el matrimonio entre homosexuales que dieron la razón a las posturas de los populares. Respaldó asimismo la campaña del partido opositor a favor de un referéndum sobre el Estatuto catalán.

El sector progresista y minoritario del Consejo del Poder Judicial recriminó a Hernando su conducta. El vocal Juan Carlos Campo señaló que ayer fue «un día triste para la democracia» porque el presidente del Supremo incurrió en un «flagrante incumplimiento de su deber constitucional». Recordó además la existencia de un informe de octubre pasado, aprobado con el apoyo de la mayoría conservadora, que estableció la obligatoriedad para el presidente del Supremo de «comparecer a petición de las cámaras».

El presidente de la comisión de Justicia señaló que la ausencia sienta «un precedente muy grave». Cuesta indicó que el presidente del Supremo ha roto la costumbre de que las autoridades más relevantes de país acudan al Congreso «siempre que sean requeridas». El portavoz socialista, Julio Villarrubia, puso «en tela de juicio la condición de demócrata» de Hernando por no acudir «a la llamada de la soberanía popular».

Su homólogo del PP, Ignacio Astarloa, rechazó esas palabras y consideró razonable la ausencia de Hernando porque hubiera sido «un disparate» que explicara «ante políticos las decisiones de los jueces». El dirigente popular denunció que el Gobierno pretende ejercer «un control enérgico y máximo sobre alguien que no puede ser controlado por esta Cámara». Calificó asimismo lo sucedido de «día muy triste para la democracia porque se ha buscado de forma consciente el enfrentamiento entre instituciones».