ETA ha recrudecido en las últimas semanas la presión sobre empresarios de Vizcaya y Guipúzcoa recientemente atacados con una nueva oleada de cartas de extorsión que elevan el tono habitual de las amenazas e incluyen incluso fotografías de cónyuges e hijos de los industriales. Fuentes de la lucha antiterrorista señalaron que las misivas son similares a las de la remesa remitida en diciembre de 2005 pero con un lenguaje aún «más duro» y con la advertencia expresa de que ésa será «la última» carta que reciban y de que el pago del denominado 'impuesto revolucionario' es «la única posibilidad» de evitar las «acciones operativas» contra sus bienes.

En los escritos, enviados a empresarios cuyos negocios han sido atacados con bombas en los últimos meses, la banda recuerda que sus bienes -incluidas sus propiedades particulares- siguen siendo «objeto prioritario» de ETA y extiende su amenaza a los familiares cercanos. En algunos casos, los terroristas adjuntan fotografías recientes de sus mujeres e incluso de sus hijos pequeños en su trayecto diario a los centros escolares. En otros, se detallan los recorridos habituales de sus allegados al lugar de trabajo y las matrículas de coches de su propiedad.

ETA advierte también a las víctimas de su chantaje, a las que reclama cantidades que oscilan entre los 30.000 y los 210.000 euros, que el hecho de haber sufrido atentados con anterioridad no les exime de nuevos ataques -«haber sido atacado no supone que sus propiedades estén ya libres»- y les reitera el total de lo «adeudado» a la organización, montante al que la banda suma un 5% de interés por cada año no pagado, que en casi todos los casos supone diez años de atrasos acumulados. La mayoría de los escritos concluyen con la amenaza de que la víctima se convertirá en «objetivo potencial» de ETA «si acude a un cuerpo policial».

Organizaciones empresariales, instituciones y partidos democráticos vascos denunciaron al unísono la última campaña de extorsión etarra y coincidieron no sólo en lamentar el grado de «crueldad» al que ha llegado la banda sino también en calificar sus prácticas de «mafiosas». La ilegalizada Batasuna fue la única excepción al tono de indignación y repulsa dominante. Preguntado al respecto, uno de sus portavoces, Pernando Barrena, dijo «desconocer que eso sea real» y apostilló que «no sería la primera vez que nos piden una valoración sobre especulaciones e infundios».

Los directamente afectados, los empresarios -con cuyos representantes en Confebask se reunirá hoy por la tarde el ministro de Interior, José Antonio Alonso, para hacerles llegar el apoyo del Gobierno y conocer de primera mano sus preocupaciones- destacaron el «jarro de agua fría» a las esperanzas de paz que supone esta campaña. Para la patronal vasca, las misivas demuestran el «desprecio» de ETA hacia el colectivo. Su secretario general, José Guillermo Zubia, quiso recordar que el hecho de que no se registren heridos no quiere decir que no haya víctimas en los atentados contra empresas, porque, según dijo, lo son los propietarios, sus familias y los trabajadores.

También el Círculo de Empresarios Vascos consideró que las cartas dan idea de la «escasa intención pacífica» de la banda, al tiempo que reclamó el «amparo» de la sociedad y los poderes públicos al colectivo.

Prácticas mafiosas

El Gobierno vasco, por boca de su portavoz, Miren Azkarate, aseguró no tener constancia «directa» del envío de las cartas, pero arremetió con dureza contra las «prácticas mafiosas» de la banda y aprovechó para expresar de nuevo su solidaridad con los afectados. El PNV, por su parte, emitió una larga nota para denunciar que las misivas no sólo son «del más puro estilo mafioso» sino que demuestran «la catadura moral y falta de humanidad» de sus autores y expresar su «repugnancia» ante la campaña etarra, que tildó de «tortura psicológica».

El dirigente del PSE Rodolfo Ares destacó los «procedimientos especialmente detestables» empleados por ETA, mientras que el popular Leopoldo Barreda también habló de métodos «mafiosos» e incidió en que las cartas desmienten las expectativas de paz «alentadas de forma irresponsable» por los socialistas.