Más allá del cumplimiento de una promesa electoral, lo primero es saber si la reestructuración de RTVE es necesaria y urgente. Pues las dos cosas a la vez: si por un lado el ente necesita un modelo más independiente y mejor dimensionado, por otro es urgente acabar con una sangría que se refleja en una deuda acumulada superior a los 7.551 millones de euros, unas pérdidas anuales que rebasan los 500 millones y encima con una caída notable de la audiencia.

Además, hoy por hoy RTVE no cumple plenamente con un objetivo de servicio público y, encima, ocasiona numerosas distorsiones en el mercado audiovisual. Entonces, ¿es correcta la tramitación de un proyecto de ley de reforma de RTVE y la presentación de un plan de ajuste laboral? Obviamente sí, ya que esta reforma es una asignatura pendiente de nuestra democracia, cuya concreción se ha evitado por todos los gobiernos durante muchas legislaturas. Ahora bien, una cosa es hacer frente al problema y otra bien distinta empezar la casa por el tejado.

De hecho, lo lógico hubiera sido definir primero el modelo de servicio público que se pretende ofrecer, la estructura financiera que se precisa, su impacto en el mercado publicitario, su estrategia de influencia territorial y su compromiso de gobierno con criterios de independencia y profesionalidad. Sin embargo, y lejos de lo anterior, se presenta un plan de ajuste sin modelo definido de televisión, sin aclarar el concepto de servicio público, sin especificar los porcentajes de la doble financiación y, por supuesto, sin concretar las restricciones en la emisión de publicidad.