Si una palabra puede definir a la República de Colombia es diversidad. Caribe y Pacífico, Andes y Amazonía, frío y calor, crisol de razas entre indios indígenas, colonos españoles y esclavos africanos, riqueza y pobreza, más de 40 años de violencia -guerrillera, paramilitar y narcotraficante- y otros tantos de anhelos de paz entre la mayoría de los 45 millones de colombianos. Cuando en mayo de 2002 Álvaro Uribe ganó las elecciones, 3.200 personas al año eran secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los grupos paramilitares y las mafias del narcotráfico y el crimen organizado.

La implementación, ya en el Gobierno de Andrés Pastrana, del 'Plan Colombia', apoyado con enormes recursos humanos y materiales por EE UU, ha contribuido a combatir la droga, tanto el tráfico como los cultivos. En la actualidad, las FARC (17.000 efectivos), aunque sin el amparo que tuvieron en los 42.000 kilómetros cuadrados de zona de despeje, siguen con los atentados, recrudecidos en las últimas tres semanas, en las que han muerto una veintena de personas.

Mantienen unos 1.200 secuestrados, entre ellos los 58 «canjeables», políticos -la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt lleva cuatro años en su poder-, policías y tres estadounidenses que pretenden cambiar por los 500 guerrilleros presos. Uribe sigue reacio a hacer concesiones para el intercambio humanitario que reclaman las familias y amplios sectores de la sociedad colombiana.

El panorama se dibuja más esperanzador con el ELN, que cuenta con unos 4.000 miembros. Gobierno y guerrilla han mantenido dos encuentros, cuyo objetivo es avanzar en la definición de un proceso de paz, que todavía se ve lejano.

Los paramilitares de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -5.000 efectivos tras la desmovilización de unos 3.000 en diciembre pasado- son quienes más se han acercado a la legalidad. Muchos críticos aseguran que Uribe es «más benevolente» con los rebeldes de extrema derecha.

Una característica de los tres grupos es, según los expertos, que han hecho del narcotráfico una importante fuente de ingresos. Según la Contraloría General de la República, ellos y los 162 carteles de la droga que hay en el país «se han apoderado de más de un millón de hectáreas y poseen el 48% de las mejores tierras del país, mientras que el 62% de los pequeños campesinos tiene el 5,2%». Y no sólo eso. Se han producido decenas de denuncias sobre la infiltración de paramilitares y narcotraficantes en unas 60 listas de candidatos al Congreso. Algunos partidos reaccionaron expulsando a los sospechosos.

Reinserción

La Ley de Justicia y Paz favorece la reinserción de rebeldes sin delitos de sangre. Esta semana se ha producido la mayor desmovilización de 70 miembros de las FARC. El ex guerrillero Raúl Agudelo dijo que entregaban las armas porque este grupo ha llegado a una «degradación y descomposición» tal que su objetivo ya no es el poder, sino «el sucio enriquecimiento». Según un informe de la Fundación Seguridad y Defensa, durante 2005 han sido las FARC las que han cometido «1,4 ataques diarios (contra las Fuerzas Armadas), mientras que las autodefensas y el ELN escasamente llevaron a cabo uno cada 10 días».

Uribe, considerado «el presidente más popular de la historia», mantiene un nivel de popularidad del 50%, un 20% menos que cuando llegó con la promesa «mano firme corazón grande», pero un porcentaje todavía considerable con el que ganó un crucial referéndum económico y político. La reforma de la Constitución le permitirá competir por la reelección el próximo 28 de mayo con un panorama diferente y, según muchos analistas, mucho más prometedor.