El Gobierno, la patronal y los sindicatos mayoritarios coinciden en la conveniencia de alargar el periodo mínimo de cotización, situado en 15 años, para cobrar una pensión contributiva. La opción que barajan supone un cambio muy moderado: consiste en que esos 15 años sean efectivos; es decir, que en el cómputo para el acceso a la prestación no contabilicen las pagas extraordinarias. La realidad actual es que con doce años y medio de contribución efectiva se origina derecho auna prestación.

La propuesta ha surgido en la mesa de diálogo social que aborda la reforma de las pensiones públicas. La negociación comenzó en noviembre de 2005 y, según algunos interlocutores, camina demasiado despacio. El Ejecutivo se muestra optimista ante el desenlace de las conversaciones. UGT también ve factible el acuerdo; frente a CC OO y la CEOE, que aprecian numerosos obstáculos para el entendimiento.

Cerca del 30% de las pensiones de la Seguridad Social -alrededor de 2,25 millones- necesita un complemento adicional del Estado para percibir el importe mínimo establecido por el Gobierno. Sus titulares han cotizado los 15 años exigidos, pero sus aportaciones resultan insuficientes para alcanzar ese umbral, con frecuencia debido a las penalizaciones por tener una 'carrera' laboral corta.

Problemas de fondo

La exigencia de que esos 15 años sean «efectivos» es una de las primeras propuestas del Gobierno. UGT solicita que junto a esta medida se suprima la condición de tener cotizados dos años en los 15 anteriores a la jubilación.

Para CC OO, la medida debatida es «lógica». No obstante, aboga por una reforma global coherente y no por iniciativas aisladas que, a su juicio, por sí solas no representan ninguna ventaja ni garantía de futuro. Esta central acusa al Gobierno de plantear una modificación «superficial» y «excesivamente genérica para tratar y resolver los problemas de fondo».

Sus expertos ven peligrar el sistema si el Ejecutivo mantiene su política de conceder todas las peticiones demandadas por los diversos colectivos. Por ejemplo, no consideran positiva la última reforma de los coeficientes reductores. A su juicio, el poder político tiene que ser firme y decidir si hay coeficientes o no, pero con carácter general. «No se puede actuar en función de presiones o amiguismo», añadieron.

La patronal mantiene la cautela que le caracteriza en cualquier mesa del diálogo social, pero se muestra proclive al aumento del periodo mínimo de cotización. A su juicio, aplicar la efectividad a los 15 años exigidos es un cambio demasiado moderado.