La utilización de fondos para el desmantelamiento del parque nuclear en operaciones financieras con otro fines constituye una preocupación para la Comisión Europea y ha sido fuente de confrontaciones en la UE desde que Alemania decidió abandonar esa fuente de energía. Un informe interno sobre la situación de las ayudas de Estado en el sector, elaborado por Bruselas en enero de 2003, advertía, en alusión a ese dinero, de que «una acumulación desproporcionada de recursos» por parte de las eléctricas podría generar «un exceso de liquidez (cash flow), que haría posible la financiación de adquisiciones industriales sin inyecciones adicionales de capital».

Esa situación fue objeto de discusiones intensas durante las negociaciones para la liberalización de los mercados energéticos. Ante la sensibilidad que despertaba el asunto, el Ejecutivo comunitario se comprometió a emitir unas orientaciones sobre la utilización lícita de esos recursos.

Esas orientaciones debían conocerse a comienzos del ejercicio en curso, pero fuentes comunitarias reconocían ayer a este periódico que «se ha producido un ligero retraso en su publicación». Verán la luz en el plazo de «una o dos semanas». No serán, en ningún caso, de seguimiento obligatorio por parte de los estados miembros de la Unión Europea.

Cabe legítimamente preguntarse si la alemana E.on no se encuentra en una posición de liquidez excepcional para lanzar su OPA sobre la eléctrica española Endesa, debido a la disponibilidad de recursos financieros inicialmente concebidos para el desmantelamiento de instalaciones nucleares y la gestión de sus residuos.

En la Comisión Europea consideran, sin embargo, esa hipótesis «imposible» e «irrelevante, dado el potencial financiero de E.on».