Una veintena de partidos y sindicatos nacionalistas, entre los que no figura el PNV, mostraron ayer su «solidaridad» con Arnaldo Otegi y los otros cinco encausados por el juez Fernando Grande-Marlaska y calificaron el proceso judicial abierto contra ellos tras la jornada de huelga del pasado jueves como un «grave ataque» a «todo un pueblo» y al proceso de paz. El colectivo, en un duro manifiesto de poco más de un folio contra la Audiencia Nacional, considera que el auto de procesamiento vulnera «derechos civiles y políticos» de los seis acusados y supone una «agresión en toda regla» a los esfuerzos por «poner en marcha un proceso democrático de búsqueda de soluciones».

Aunque la convocatoria a los medios de información se efectuó el domingo desde el servicio de prensa de Batasuna, la presentación del manifiesto corrió a cargo de Unai Ziarreta, secretario general de EA, uno de los partidos que sustentan el Gobierno de Ibarretxe, y de una representante del sindicato STEE, Belén Arrondo. Acompañados de cuatro de los encausados -no asistieron al acto ni Arnaldo Otegi ni la abogada Arantza Zulueta-, leyeron en castellano y euskera un texto que censura el posible encarcelamiento de todos ellos -los dos ausentes más Pernando Barrena, Juan Joxe Petrikorena, Rafa Díez Usabiaga y Juan Mari Olano-.

El colectivo entiende que el procesamiento es inoportuno al coincidir con un momento en el que se atisban «las condiciones necesarias» para poder llegar «a un proceso de superación del conflicto». Los firmantes, entre quienes figuran, entre otros, Aralar, ELA, LAB, Etxerat y Segi, aseguran que la actuación judicial «no supone solamente una amenaza» contra los seis procesados sino que afecta a todos aquellos que, a su juicio, intentan «buscar soluciones» a la actual situación de violencia.

«Derecho a decidir»

El documento también define el origen del conflicto vasco y subraya que no se trata únicamente de «un problema» entre el Estado español y «un sector social o político» de Euskadi, sino que implica a «todo un pueblo que tiene derecho a decidir libremente su futuro». Este concepto, subraya el colectivo, debe ser asimilado por quienes «pretenden hacer imposible un proceso de paz» para no perpetuar el conflicto en el tiempo.

Los diferentes partidos y sindicatos que han suscrito el texto hacen en este sentido un llamamiento a mantener la calma y a «intensificar» los contactos y gestiones a nivel político para «sentar las bases de un nuevo escenario». En su opinión, la respuesta adecuada «a las agresiones contra el proceso» debe llevarse a cabo a través del diálogo para «hacer realidad más pronto que tarde» el camino que conduzca a las «soluciones» para todos los ciudadanos vascos «sin exclusión alguna».

«Cuanto mayores sean los ataques contra la puesta en marcha de un proceso de paz, mayor debe ser la determinación de los que estamos comprometidos con las soluciones que Euskal Herria necesita», concluye el documento.