Imanol Iparraguirre aseguró ayer ante el tribunal que juzga al presunto entorno de ETA que EKIN, el supuesto aparato político y social de la banda terrorista, sigue en activo y funciona aunque la organización está suspendida de actividades desde hace seis años. En concreto, Iparraguirre dijo que mantiene reuniones con miembros de EKIN pese a la suspensión decretada en 2000 por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien consideró que esta nueva estructura de apoyo sustituyó a KAS.

El procesado, que está acusado de ser miembro 'liberado' (a sueldo) de EKIN y se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel, rechazó el contenido de su declaración ante la Guardia Civil porque aseguró que el testimonio fue obtenido bajo tortura. Iparraguirre, a pesar de reconocer que se reúne con miembros del presunto aparato político y social de ETA, rechazó haber pertenecido a EKIN y dijo que en el momento de su detención, en 1999, era 'liberado'de Euskal Herritarrok.

Los «sueños» de ETA

Antes de Iparraguirre prestó declaración Olatz Eguiguren, otra presunta 'liberada' de EKIN, que negó toda relación de la organización con ETA y con la violencia callejera y afirmó que su única vinculación con el colectivo de presos de la banda terrorista es la misma cercanía hacia ellos que sienten muchos miles de «ciudadanos vascos que comparten los sentimientos de ETA» porque defienden «sus mismos objetivos y sueñan con lo mismo».

El tribunal del macroproceso contra las presuntas organizaciones del entorno de ETA, entretanto, ha necesitado casi cuatro meses para interrogar sólo a la mitad de los 55 procesados en la causa. El retraso que acumula la Audiencia Nacional es tan grande que Imanol Iparraguirre es el procesado número 28.

Los jueces aún tienen que interrogar a 27 procesados más antes de comenzar con las declaraciones de varios cientos de testigos y peritos, fase previa a iniciar el análisis de los centenares de tomos de prueba documental y a finalizar el juicio con los informes de las acusaciones y defensas, y con el derecho a la última palabra de los 55 procesados.

La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ya tiene fijadas fechas para el juicio hasta finales de julio, pero ninguna de las partes se atreve a decir a día de hoy si estos ocho meses de sesiones serán suficientes para concluir el proceso o si habrá que continuar las vistas en la segunda quincena de septiembre, tras el paréntesis vacacional.