El Gobierno salió en bloque a descalificar al PP por poner en tela de juicio la investigación judicial y policial sobre los atentados del 11-M. Las palabras más duras fueron las del ministro del Interior, José Antonio Alonso, quien acusó al partido opositor de «cuestionar el Estado de Derecho» y «la propia idea de España» cuando duda de la actuación de los jueces y fuerzas de seguridad. María Teresa Fernández de la Vega, a su vez, tachó de «irresponsabilidad sin límites» el comentario del líder de la oposición sobre la posible nulidad del sumario.

El titular de Interior aprovechó su intervención en la sede central de Europol en La Haya para defender la «magnífica labor» de las fuerzas de Seguridad en la investigación de los atentados. En este sentido, recordó que el trabajo de los cuerpos policiales contra el terrorismo islámico se ha traducido en los dos últimos años en 184 detenciones de presuntos activistas de Al-Qaida y grupos afines.

Alonso pidió al PP respeto para los «profesionales» y para «la Constitución y las reglas básicas del Estado de Derecho», y subrayó que «en España, porque así lo dice la Constitución, la búsqueda de la verdad material corresponde a personas imparciales, que son policías, jueces y fiscales». Por tanto, instó a los populares a valorar el trabajo de estos funcionarios y respetar a «España y a la sociedad civil democrática». «Yo confío en el Estado de Derecho porque confío en mi país», insistió.

El presidente del Gobierno bajó el tono y en el acto conmemorativo del segundo aniversario del triunfo electoral del PSOE prefirió relativizar las palabras de Mariano Rajoy sobre la posible nulidad de la investigación judicial. «A veces -comentó- estas declaraciones no responden a una estrategia sino a las circunstancias». Rodríguez Zapatero puso en duda de esta forma que el PP trate de hacer bandera opositora de los atentados del 11-M, una cuestión que, a juicio de fuentes gubernamentales, es «letal» para los intereses del PP. El jefe del Ejecutivo insinuó que Rajoy hizo su comentario al calor del momento y no por una estrategia meditada.

«Ejemplo para el mundo»

La vicepresidenta primera, en cambio, calificó de «irresponsabilidad sin límites» la actuación de los populares, «impropia», abundó, del papel que debería jugar el primer partido de la oposición. María Teresa Fernández de la Vega recordó que los atentados no se perpetraron con un Gobierno socialista sino cuando el PP estaba al frente del Ejecutivo, si bien precisó que esto no implica que el partido que lidera Rajoy tuviera alguna responsabilidad, ya que «los únicos responsables» son los terroristas.

«La verdad material» sobre la masacre, prosiguió la vicepresidenta, la determinará la justicia, y hasta entonces «todos los poderes públicos» tienen la obligación de colaborar con la investigación y «respetar» la labor de los jueces.

El ministro de Justicia lamentó que el PP esté «empecinado» en «sembrar confusión» en torno a la investigación cuando se trata de una indagación que es «un ejemplo para el mundo». Juan Fernando López Aguilar declaró estar abrumado por «la indignación» ante el intento del partido opositor de atribuir «inspiraciones políticas» a las decisiones de los jueces en torno al 11-M. España, dijo, «no se merece esta oposición». López Aguilar atribuyó la conducta de los populares a su «frustración» por la derrota electoral del 14 de marzo de 2004.

El titular de Defensa también recordó que el día de la masacre gobernaba el PP, y agregó que ha pasado «poco tiempo para que la gente haya olvidado» ese detalle. José Bono instó al partido opositor a «no volvernos locos» y a «no perder la cabeza ni el sentido de la realidad», porque no puede culpar a los actuales gobernantes de lo que en su momento «no se previó o se hizo mal».