Cuando se habla de emergencia social casi siempre se piensa en casos de miseria rampante, y lo peor de todo es que quien eso opina termina teniendo razón. Los burócratas llaman a estos casos 'de emergencia social' y tienen razón por una vez: miles de ciudadanos viven en situación tan precaria que si no fuera por las ayudas de las instituciones serían pasto de la miseria más absoluta.

Por fortuna, en esta provincia las cosas funcionan con cierta fluidez y no hay casos de miseria extrema que se conozcan, pero tampoco es cuestión de hacer repicar las campanas: hay zonas de escasez sangrante y eso hay que remediarlo en cuanto sea posible. Y es posible si uno se empeña en que lo sea.

Las ayudas de emergencia social son imprescindibles para que quienes no tienen nada tengan algo a lo que agarrarse antes de perecer por consunción prematura. En ello están implicadas las institucions, por supuesto, y en grado preferente. Un vistazo a las ayudas de emergencia social y de las aportaciones institucionales en este país indican que no estamos en Suecia, pero tampoco en Tanzania. Nadie se muere de hambre, es verdad, pero tampoco es cierto que las cosas funcionen a la perfección. Nada funciona a la perfección tal como está organizado el mundo, ese desastre precariamente organizado que soportamos cada día.

Lo demás, datos y porcentajes, pertenecen al reino de la estadística y de la credibilidad contable. Los burócratas sabrán de lo que hablan, unos más que otros, pero habrá que fiarse de lo que digan. A mí me ofende como ser humano que haya ciudadanos que no tienen un techo digno de tal nombre, y me ofende más que haya quien tenga doble o triple techo sin haberlo merecido. Esto último me altera particularmente el sistema nervioso, difícilmente alterable por lo general. c.p.uralde@diario-elcorreo.com