La dirección de la firma alavesa Pferd Rüggeberg -Caballito- no ha tardado en responder a la última acusación del comité de empresa. Un portavoz de la compañía aseguró ayer a EL CORREO que «es mentira» que estén ejerciendo presiones sobre los trabajadores que no secundaron la huelga para evitar su salida voluntaria. En la víspera, el órgano laboral había denunciado esa «maniobra» como parte de una táctica para que la mayor parte de los 23 despidos recaigan en el personal que sí secundó el histórico paro entre octubre de 2003 y noviembre de 2005.

Los abogados de los sindicatos ELA, USO, ESK y UTL están preparando una demanda para lograr anular el expediente de regulación de empleo (ERE), que ha contado con el visto bueno del Departamento de Empleo del Gobierno vasco. La dirección de Caballito afirmó ayer que no tiene pensado hacer «nada» a este respecto. Tan sólo subrayó que «se ha limitado a cumplir en todo momento el laudo de obligado cumplimiento» y que, desde el final de la protesta, «ha respetado todos los puntos del acuerdo, a pesar de las numerosas dificultades que se han presentado en el camino».

La empresa trabaja estos días en la elaboración del listado de despedidos, que comunicará a la plantilla el 12 de abril. Las bajas se decidirán «en función de los perfiles» que estableció el laudo arbitral, indicó el portavoz de Pferd. Es decir, atendiendo a la función técnica de los empleados, su antigüedad, el número de hijos que dependen de ellos y a la existencia de responsabilidades sindicales.

Plazo para voluntarios

Este ramillete de criterios «difusos» es, precisamente, lo que ha levantado las iras del comité. Consideran que otorga a la dirección el margen necesario para castigar a los huelguistas. Por ello, esperarán a conocer la identidad de los despedidos y entonces acudirán a los tribunales.

Esta noche finaliza el plazo para que se presenten voluntarios a abandonar la fábrica por su propio pie. Caballito ofrece un incentivo de 45 días por año trabajado y una indemnización adicional de 10.000 euros. Debido a la veteranía del personal, muchos operarios podrían marcharse con sumas de hasta 120.000 euros y, lógicamente, cada baja voluntaria aminorará la extensión del recorte laboral.

El comité dice tener constancia de que la dirección ha convencido a «varios empleados» para que no se vayan. 33 ex huelguistas trabajan ya en la fábrica de Júndiz desde su reincorporación a mediados de febrero. «Hemos visto esas maniobras con nuestros propios ojos», aseguran.