La vida se pone cuesta arriba para algunas personas. Tanto que se ven obligadas a abandonar el piso en el que viven. En esta situación se encontraron el último año las 136 familias de Vitoria que fueron desahuciadas por un juzgado de la capital alavesa. ¿El motivo? La gran mayoría sumaba meses y meses de impago de alquileres. Otros acumulaban deudas a las que no podían hacer frente, por lo que debían pagarlas con la casa.

Estos 136 desalojos o lanzamientos judiciales, según los datos de la Policía Municipal, suponen el doble de los contabilizados hace apenas cuatro años antes. Y es que en 2001 hubo apenas 67 casos y el pasado ejercicio cada tres días una familia fue obligada a abandonar su residencia habitual.

¿A qué se debe este espectacular aumento? El portavoz de la Guardia Urbana, José Antonio Ferreiro, opina que en gran medida es consecuencia de la nueva Ley de Propiedad Horizontal, que ofrece muchas más garantías a los propietarios de pisos y lonjas para recuperar los bienes alquilados si el arrendatario no cumple con los pagos. Este hecho, unido a la agilidad de los juicios rápidos, explica que sean muchos más los dueños de bienes inmuebles los que se animen a llevar «cuanto antes» al inquilino moroso a la Justicia.

«Algún jeta»

Los agentes de la Policía Local que intervienen en un desalojo lo hacen siempre a petición del correspondiente juzgado. En al-gún caso se da aviso también a un cerrajero porque de antemano se sospecha que la puerta va a estar cerrada o va a haber resistencia a abrirla. «No es lo más habitual», dice Ferreiro, quien resalta la «discreción» con que se actúa. «El trato es exquisito -comenta-, sobre todo cuando hay niños en la familia. Si se sabe que va a crearse un problema de alojamiento porque los afectados no tienen dónde ir, se acude también con una asistente social».

El oficial de gestión de la Guardia Urbana califica a los vitorianos desahuciados de «gente normal, que vive de alquiler en cualquier barrio. No hay un perfil determinado», asegura. No obstante, comenta que también se dan casos de «jetas que se dedican a vivir de gorra. Pagan la fianza tan sólo el primer mes y se acabó, hasta que les echan. Pero son pocos casos».

La estadística de desalojos en los que los agentes de Aguirrelanda intervinieron el pasado año no incluye a los seis 'okupas', de entre 17 y 26 años, que fueron sacados en diciembre de cuatro pisos de la plaza Aldabe en los que vivían desde hacía año y medio. «Tuvimos que hacer un despliegue llamativo», comenta Ferreiro en referencia a los cuarenta policías que participaron en una operación «modélica».

El balance tampoco contempla a la persona que, en agosto, fue obligada a salir de una vivienda vacía en la calle Iturritxu, en el barrio de Adurza, y que había sido acusada por los dueños del piso de un delito de allanamiento de morada.