El Gobierno de Juan José Ibarretxe ultima el plan en favor de la pacificación que el lehendakari se comprometió a elaborar en su discurso de investidura, el cual evitará aludir en su título a la reconciliación de los vascos, un objetivo querido por el lehendakari y las fuerzas que integran su Gabinete pero que sigue despertando fuertes recelos entre las víctimas de ETA; especialmente cuando la banda aún no ha expresado su voluntad de dejar las armas. El Ejecutivo presentará previsiblemente su proyecto, que se denominará de «paz y convivencia», a mediados de abril, con varios meses de retraso sobre la previsión inicial.

Ibarretxe formalizó la promesa de su Ejecutivo de redactar un «plan integral a favor de la paz y la reconciliación» en su intervención en la sesión de investidura del pasado 22 de junio. Su pretensión, según detalló entonces, era preparar en el plazo de seis meses una ambiciosa iniciativa que recogiera seis ejes de actuación dispares: la promoción de una cultura de no violencia; la solidaridad con las víctimas del terrorismo; la reparación de los perseguidos durante el franquismo; el respeto a las libertades civiles y de participación política; la prevención de la tortura y la defensa de los derechos de los presos; y el intento de crear el Observatorio de Derechos Humanos que se le había resistido en la legislatura anterior por la falta de consenso parlamentario. La elaboración del plan implicaba a varios departamentos y dotaba de realce al consejo político que Ibarretxe iba a constituir con Joseba Azkarraga y Javier Madrazo.

El engarce

La redacción del plan se ha ralentizado, aunque parece que, finalmente, el Gobierno podría dar a conocer el plan justo antes de Semana Santa. Según diversas fuentes conocedoras de los trabajos, la alusión al objetivo de la reconciliación se ha caído del título de un proyecto que se mueve en el espinoso terreno del respaldo a los afectados por la violencia de ETA y también de la vigilancia para que no se violenten los derechos de los presos. El engarce de las propuestas elaboradas, entre otros, por la dirección de Víctimas, la de Derechos Humanos y la consejería de Asuntos Sociales, ha quedado en manos del secretario general de Presidencia, Jesús Peña.

La supresión de la palabra reconciliación del frontispicio del plan reconduce en cierta medida su orientación y refleja la inquietud que provoca en las víctimas esa aspiración, que creen precipitada y que interpretan hoy como una cesión ante quienes provocaron su sufrimiento y no se han disculpado por ello. Lo dejó sentado Maixabel Lasa en una comparecencia ante el Parlamento hace apenas tres meses, cuando aseguró que no es tiempo aún de hablar de generosidad, reconciliación o perdón, sino de cumplir con un reconocimiento real «de la dignidad de las víctimas» doblemente castigadas por «el ostracismo» social. «Se juega la complexión moral» de la sociedad y sus instituciones, zanjó Lasa.