Endesa ha obtenido su primera victoria en la batalla judicial que emprendió para defenderse de la OPA de Gas Natural. La titular del Juzgado de lo Mercantil número de 3 de Madrid, Miriam Iglesias, ha ordenado suspender de forma cautelar la operación, así como el acuerdo de venta de activos entre el operador gasista e Iberdrola, al considerar «una hipótesis razonable» que estas dos compañías concertaron el lanzamiento de la oferta de compra sobre la eléctrica líder en España para eliminar a ésta del mercado. Ello constituiría un pacto colusorio, que podría vulnerar el Tratado de la UE. La medida responde a una demanda presentada por la empresa que preside Manuel Pizarro y está condicionada a que esta sociedad deposite un aval de 1.000 millones de euros, el más alto de la historia, para cubrir los perjuicios causados en caso de que sea desestimada. Su consejo de administración se reunirá en breve para tomar una decisión. El próximo martes tiene prevista una sesión ordinaria. Lo más seguro es que deje el asunto para ese día.

Endesa cuenta con un plazo de diez días para presentar el aval al que están supeditadas las medidas cautelares. No es un requisito fácil de cumplir. Se trata de las garantías más costosas exigidas nunca por un juzgado y su importe dista mucho del millón de euros propuesto por la propia eléctrica en la citada demanda. Gas Natural, que dice mantenerse a la espera de la decisión del consejo de su rival, advierte de que el depósito de esta caución y la consecuente suspensión de la OPA perjudica a los accionistas de la compañía 'opada' y podría afectar, asimismo, a la oferta competidora presentada por E.on.

El grupo que dirige Pizarro quita 'hierro' a esta amenaza con el argumento de que el aval de 1.000 millones es sólo un apunte contable y no supone la salida de caja de la compañía. Únicamente se recurrirá a él para atender eventuales demandas por daños y perjuicios en caso de que pierda el pleito y sólo en la cuantía que establezcan los tribunales.

Pacto colusorio

La aportación del aval es condición indispensable para que se adopten las medidas cautelares, pero no afecta al fondo del asunto, sobre el que la juez aún no se ha pronunciado. Para Endesa, sin embargo, supone un gran éxito el hecho de que la magistrada considere que «parece simplemente posible que la demanda prospere», tras calificar de «razonable» la hipótesis de que Gas Natural e Iberdrola han concertado de manera previa la presentación de la OPA. Esta tesis contradice la defendida por estas dos compañías, que siempre han presentado como independiente de la oferta de compra el acuerdo por el que la eléctrica vasca adquirirá activos por valor de entre 7.000 y 9.000 millones al operador gasista en caso de que triunfe la operación. Así lo han reconocido distintas instancias como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Ministros y los reguladores de la Competencia españoles.

La juez Miriam Iglesias cree que las sospechas de Endesa, que denunció el pacto como colusorio, tienen fundamento y se apoya en que, «dada la magnitud de la operación y de los recursos financieros que exige movilizar» -unos 22.000 millones de euros-, «no parece razonable que Gas Natural se lanzase a acometer una operación de tamaña envergadura» sin la asistencia financiera que el acuerdo de venta de activos supone. Es decir, «sin tener anticipadamente prevista y asegurada la plena colaboración como partícipe o co-opante, en cuanto al resultado, de Iberdrola».

A partir de ahí, la magistrada estima que los hechos denunciados por Endesa pueden constituir una infracción del artículo 81 del Tratado de la UE, que prohíbe «las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común».

Después de este análisis, la juez concluye que, dado que la demanda de Endesa tiene posibilidades de prosperar, es necesario tomar medidas cautelares para paralizar tanto la OPA como el acuerdo, debido a que ambas operaciones serían imposibles de deshacer una vez finalizadas. La resolución puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en un plazo de cinco días a partir de la notificación. La CNMV paralizó ayer la tramitación de la oferta de Gas Natural hasta que Endesa decida si deposita el aval.