Las listas de espera son la principal preocupación de los usuarios de la Sanidad pública, según las encuestas, y el Ejecutivo vasco adoptó ayer medidas para acortarlas o, al menos, para evitar que se alarguen todavía más. El Consejo de Gobierno aprobó un decreto que establece los plazos máximos de demora de las intervenciones quirúrgicas programadas, con un límite de 30 días para la cirugía oncológica, 90 para la cirugía cardiaca y 180 para los demás procedimientos de cirugía mayor. Cumplido ese plazo, el paciente tendrá derecho a acudir a centros privados con cargo a los fondos de la Administración. El texto se publicará la semana que viene en el boletín oficial de la comunidad y entrará en vigor al cabo de tres meses.

Según aclara el Departamento de Sanidad, la espera empezará a contar desde el momento en que se rellene la hoja de solicitud de intervención quirúrgica del hospital donde vaya a realizarse la operación. Este documento, en el que constará la fecha de cumplimentación, se introducirá en el registro del sistema de gestión de listas de espera del centro médico. A partir de ahí, igual que ahora, al paciente no le quedará más remedio que aguardar, pero con el consuelo de conocer de antemano la tardanza máxima.

Si se consume el plazo establecido para la modalidad correspondiente de operación sin que Osakidetza dé señales de vida, el paciente puede pedir a Sanidad la autorización para que le atiendan en otro centro sanitario. La solicitud se presentará en el mismo hospital o en el centro de salud al que esté adscrito el enfermo. La dirección médica del hospital, por su parte, tendrá que remitir al Gobierno vasco un informe sobre «las circunstancias relativas a la situación de espera» en que se ve ese paciente.

La Administración autonómica dispondrá de veinte días para dictar resolución sobre cada caso. Si transcurre ese plazo sin que se pronuncie, la solicitud «se entenderá estimada» y el paciente estará facultado para acudir por su cuenta al centro sanitario que prefiera, siempre dentro de la oferta sanitaria de Euskadi. El departamento abonará directamente los gastos de la intervención a la clínica donde derive al paciente o, en caso de que éste haya tenido que adelantar el importe, se lo reintegrará.

Tema controvertido

Sanidad puntualiza que el decreto se aplicará a las personas que estén en lista de espera en el momento de su entrada en vigor, es decir, se les reconocerá el tiempo de demora que lleven ya. El consejero, Gabriel Inclán, ha pedido comparecer ante el Parlamento vasco para detallar los pormenores de la medida, bautizada como 'decreto sobre garantías de plazos máximos de espera para intervenciones quirúrgicas programadas'.

Las listas de espera, siempre controvertidas, se han convertido durante los últimos meses en una de las principales armas arrojadizas empleadas por la oposición y los sindicatos contra los gestores de Osakidetza. Hace diez días, el Departamento de Sanidad difundió un comunicado sobre la evolución de las demoras en el último año: según explicaron, la tardanza media se ha acortado nueve días desde principios de 2005 y el número de pacientes que aguardan su intervención se ha reducido un 7,5%. Los portavoces de la consejería no acertaron a cuantificar ayer cuántos pacientes superan actualmente el plazo máximo de 180 días fijado en el decreto. Según una reciente respuesta parlamentaria al PP, en diciembre del año pasado no había ninguno: de los 15.706 enfermos pendientes de operación, 12.844 no habían alcanzado los tres meses y 2.862 se encontraban entre ese plazo y el medio año.

El Partido Popular y el sindicato ELA, que han hecho particular hincapié en el problema de las listas de espera, no han recibido con satisfacción el nuevo decreto. Los populares habían reclamado un límite de 30 días para todas las intervenciones y encuentran «poco ambiciosas» las cifras definitivas. «Bienvenida sea la regulación, aunque vayamos por detrás de otras comunidades autónomas», saludó la parlamentaria Juana Iturmendi. Por su parte, la responsable sanitaria del sindicato nacionalista, Izaskun Garikano, criticó la «puerta abierta a la privatización» y el hecho de que «no se hayan abordado» las demoras en consultas y pruebas diagnósticas.