PNV, EA y Nafarroa Bai sugirieron ayer en la comisión de Interior del Congreso la necesidad de efectuar cambios en la política penitenciaria tras el alto el fuego de ETA. La directora de Prisiones, Mercedes Gallizo, eludió responder a sus demandas; indicó que su opinión al respecto es «sinceramente irrelevante» y que su «función» no es «interpretar las leyes», sino aplicarlas.

Según informes de Instituciones Penitenciarias, sólo nueve de los 495 presos etarras se encuentran en el País Vasco: seis en Nanclares de Oca y tres en Martutene. Otro recluso está en Navarra. Todos ellos tienen condenas próximas a extinguirse. En Francia, los 155 internos de la banda están repartidos por 30 cárceles.

Emilio Olabarria, por el PNV, y Begoña Lasagabaster, de EA, brindaron al Gobierno su apoyo para articular unos «instrumentos» en materia penitenciaria que, según Olabarria, son «particularmente relevantes» en el proceso de pacificación.