Cuando el misionero navarro Faustino Villanueva fue asesinado en Guatemala su sobrina Mamen tenía diez años. Entonces, en 1980, la guerra civil asolaba aquel país y los familiares desistieron de acudir a su sepelio que se llevó a cabo en un emplazamiento provisional. Ahora, dos décadas después ella ha podido asistir al definitivo enterramiento en una cripta de la iglesia en la que Villanueva ejerció como párroco.

Antes de celebrar esta ceremonia la denuncia por dicho crimen se había sumado a la demanda por genocidio interpuesta por Rigoberta Menchú ante los tribunales españoles. «Es frustrante la lentitud con la que suceden las cosas relacionadas con esta tragedia», confiesa Mamen. En ese pausado transcurrir de la justicia el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado un paso más al confirmar recientemente su competencia para juzgar a los culpables. Desde su puesta en marcha, la ONG vasca 'Mugen Gainetik' ha apoyado esta iniciativa de la Premio Nobel de la Paz que recurre al principio de jurisdicción universal para los delitos de lesa humanidad. Gracias a su intervención se han añadido al genocidio los casos de españoles como el del religioso Villanueva.

La misma institución ya se había declarado competente para juzgar las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo durante las dictaduras chilena y argentina. «No negamos lo ocurrido allí, pero en Guatemala hubo 200.000 víctimas por lo que supone el mayor genocidio ocurrido en la moderna América Latina», asegura Seve Zubiri, responsable de proyectos de la entidad solidaria, que alude a documentos de Naciones Unidas y del arzobispado local.

El país centroamericano se ha dotado de instituciones y maneras democráticas, pero la apariencia no se corresponde con la realidad. El ex presidente golpista Efraín Ríos Montt asumió la dirección del parlamento en 2000 pese a estar considerado uno de los grandes artífices de la represión, impulsada por el Ejército. Sobre otros dos dirigentes implicados, el ex ministro Donaldo Álvarez Ruiz, y el presidente Romeo Lucas García, pesan sendas solicitudes internacionales de captura. «Los juicios celebrados allí han sido una farsa, ni siquiera se ha sentado ante los tribunales a culpables confesos», lamenta Zubiri. Según explica, en los procedimientos llevados a cabo es frecuente la pérdida de pruebas de cargo como el libro de órdenes, mapas y pruebas tan evidentes como las armas empleadas.

Sentencias mal dictadas

«También se han producido sentencias mal dictadas a sabiendas y revocadas por organismos judiciales superiores» afirma el responsable de 'Mugen Gainetik'. Además, la violación de los derechos humanos se antoja un hecho ampliamente consolidado. En palabras de Zubiri «grupos afines al poder siguen utilizando métodos del pasado y aparecen cadáveres mutilados para aterrorizar a la población».

La dramática situación de un país sumido en la miseria no anima la emergencia de movimientos sociales que impulsen el proceso. «La intensa represión los ha desbaratado», comentan desde la ONG. El fenómeno carece de repercusión internacional. A juicio de Zubiri, frente a la identificación de casos similares en las figuras de los victimarios, caso de Pinochet, en Guatemala el protagonismo corresponde a las víctimas, sin presencia pública. «Y hablamos de un lugar que sólo asoma a los medios cuando ocurre algún desastre natural».

Mientras tanto, se siguen descubriendo cementerios clandestinos utilizados por los represores. «Rigoberta Menchú aún desconoce dónde fueron incinerados sus padres», explica Mamen. Al menos, la familia de Faustino Villanueva se siente reconfortada porque el sacerdote reposa en el pueblo de Joyabá entre aquellos que consideraba su gente y que se encargaron de guardar su sangre, que quedó diseminada por el suelo de la oficina.