La detención de la alcaldesa de Marbella, junto a cerca de veinte personas, en una gran redada anticorrupción, muestra en su grado más elevado la degradación a la que ha llegado la gestión pública en la localidad malagueña y las tramas criminales que amenazan el litoral mediterráneo. La condición de cargos electos y funcionarios de varios implicados y la gravedad de las imputaciones confirman la permeabilidad delictiva de instituciones que deberían ser garantes del cumplimiento de la ley. Hace años que Marbella encarna la perversión de la gestión pública.