Iberdrola celebra hoy su junta de accionistas en un momento difícil para la OPA de Gas Natural sobre Endesa y también para su acuerdo de compra de activos a la compañía catalana. La eléctrica presidida por Manuel Pizarro, que demandó el pacto por colusorio -dos empresas se alían para echar a una tercera del mercado-, se muestra decidida a aprovechar la oportunidad que le ha brindado un juzgado madrileño de suspender de forma cautelar ambas operaciones. Ya tiene preparado el aval de 1.000 millones de euros que le ha pedido para ello la juez Miriam Iglesias, tras negociarlo con el BBVA, el Santander y Caja Madrid. Y lo más seguro es que el consejo de administración apruebe mañana su presentación.

Pero el consejero delegado de la empresa vasca y su próximo presidente, Ignacio Sánchez Galán, no quiso que esta amenaza empañara ayer la tradicional comparecencia previa a la asamblea, que además tenía un carácter especial por ser una despedida al histórico Iñigo de Oriol, aunque el relevo oficial entre ambos se producirá el 26 de abril. A su juicio, la medida que va a adoptar Endesa es un gran riesgo para ella misma porque perderá el pleito y deberá pagar los «daños y perjuicios» que la propia Iberdrola piensa reclamar. «Bendito sea Dios, no hemos empezado el partido y ya estamos ganando», exclamó.

Recurso

La eléctrica vasca ya ha recurrido el auto de la magistrada Miriam Iglesias, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, que accedió a tomar las medidas cautelares solicitadas por Endesa, tras considerar una «hipótesis razonable» que Gas Natural e Iberdrola concertaron la OPA para expulsar al líder del sector del mercado. Galán insistió ayer en que «no existe pacto colusorio» sino sólo el acuerdo «público y conocido» por el que la compañía que dirige comprará activos por un valor de entre 7.000 y 9.000 millones de euros al operador gasista si culmina con éxito su asalto a Endesa.

El consejero delegado de Iberdrola ironizó sobre el hecho de que la juez fundamente sus sospechas sobre la concertación previa en que «resulta difícil pensar que en 12 días se pueda cerrar una operación de tal envergadura», en relación al pacto de compra-venta de activos. «Pero se hizo en 12 días, tal como explicamos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)», aseguró. El primer contacto entre Gas Natural e Iberdrola se produjo el 24 de agosto, en plena Semana Grande en Bilbao, y el 4 de septiembre lo aprobó el consejo.

Incluso quitó hierro al hecho de que el BBVA, el segundo mayor accionista de Iberdrola con una participación del 5,4%, vaya a aportar 400 millones de euros al aval de 1.000 millones de Endesa. «Es su negocio, es una decisión financiera», afirmó. También ratificó que el pacto con Gas Natural, firmado de «buena fe entre dos empresas serias», sigue plenamente vigente y que no se han planteado un 'plan B'. Ahora lo único que se puede hacer es «esperar y ver», apuntó.

Tal como hizo Oriol en un acto de la patronal Unesa el pasado martes, Galán se alineó con los argumentos que ha esgrimido el Gobierno español para justificar sus actuaciones contra la OPA de la alemana E.on, pese al rechazo que han suscitado en la Comisión Europea. Según explicó, no existe un mercado común de la energía por la escasa interconexión y, sobre todo, porque el grado de liberalización en cada país es muy diferente. También aseguró que esa tesis «está empezando a calar en Europa», aunque los pasos que ha dado Bruselas para frenar las maniobras del Ejecutivo le contradicen.

Con esta misma línea argumental, el consejero delegado afirmó que el Gobierno ha tenido «buen criterio» al ampliar los poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que este órgano supervisor analice la OPA de E.on y, en su caso, pueda incluso vetarla. Con esta decisión -explicó-, se ha solucionado una situación «asimétrica» por la que los reguladores españoles no podían examinar las operaciones protagonizadas por firmas extranjeras.

Inversiones

No se mostró, sin embargo, tan entusiasta de la otra reforma aprobada por el Gobierno para mejorar el funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad o 'pool' y reducir el déficit de tarifa. Aunque cree que las medidas adoptadas «van en la dirección correcta», exigió de forma urgente su desarrollo «para evitar el riesgo de intervencionismo» existente. De lo contrario, advirtió, se podrían ver obligados «a paralizar inversiones previstas en nuevas centrales».