Los ayuntamientos tendrán la obligación de reducir en dos años su temporalidad laboral y bajarla del 30 al 10%, según el anteproyecto de Estatuto Básico del Empleado Público, cuyas líneas generales presentó ayer en el Congreso el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. La norma es un mandato constitucional, que el Gobierno piensa sacar adelante este año, pero para ello tendrá que abrir negociaciones con la casi totalidad de los grupos parlamentarios, puesto que el actual texto sólo satisface al socialista.

Tras su comparecencia, el ministro recordó que el Estatuto no introduce el despido de los funcionarios, pero sí apuesta por evaluaciones periódicas de la actividad desarrollada, y, ante varios resultados negativos, el empleado cambiará de puesto. Esta medida ya fue adelantada, hace casi un año, por el propio Sevilla, cuando su departamento dio a conocer las conclusiones del grupo de expertos que realizó un informe previo sobre los ejes del Estatuto.

«El régimen sancionador por el que el funcionario tendrá que abandonar su empleo continuará como hasta ahora», insistió ayer. Ante la pregunta de cómo será ese 'control', contestó que el Estatuto se limita a establecer principios «que habrá que desarrollar reglamentariamente». «De la evaluación mencionada dependerán dos cosas. Por un lado, la retribución vinculada a la productividad y, por otro, la permanencia en el cargo. Si los resultados del análisis son reiteradamente negativos podrán conllevar la separación de ese puesto», dijo.

Cultura de la eficiencia

El responsable de Administraciones Públicas resaltó que los funcionarios son trabajadores que han conseguido un empleo a través de una oposición, lo que supone un derecho adquirido, pero esto no debe entenderse como la permanencia en «un puesto concreto» para el resto de su vida laboral. «El Estatuto introduce la cultura de la eficiencia y de la valoración en el desempeño de la actividad. Es un cambio muy importante», añadió.

Fuentes próximas al ministerio explicaron que en la actualidad la Administración central y las comunidades autónomas mantienen el compromiso de reducir la temporalidad laboral por debajo del 10%, según acordaron los representantes territoriales y del Ministerio en una reunión celebrada en Murcia. La medida se incorporó después al acuerdo suscrito entre la Administración Central, CC OO, UGT y CSI-CSIF.

Los mismos portavoces matizaron que bajar ahora la temporalidad no pasa de ser una recomendación. Con el Estatuto, la reducción será de obligado cumplimiento, a la vez que se extenderá a los ayuntamientos. En estos ámbitos, los contratos precarios llegan al 30%.