La resolución del juez Grande-Marlaska, imponiendo fianzas para eludir el encarcelamiento a los dirigentes de la izquierda abertzale Otegi, Olano y Petrikorena, respondió ayer a los criterios de fondo de la fiscalía. Ésta había recordado que, con arreglo a la ley, la adopción de medidas cautelares de prisión debía prevenir un riesgo cierto de fuga, la eventual destrucción de pruebas inculpatorias o la posible reiteración de delitos. En la medida en que los dos primeros supuestos se desvanecen tras la declaración de 'alto el fuego permanente' por parte de ETA, resulta lógico que, aun aumentando la cantidad solicitada por el ministerio fiscal, la Audiencia Nacional haya optado por asegurar que los imputados estarán a disposición del juez mediante la garantía de una cuantiosa fianza. En cualquier caso, lo sucedido deja en evidencia la inclinación del fiscal general del Estado Conde-Pumpido a pronunciarse públicamente sobre cuestiones relativas a la actuación inmediata del ministerio fiscal e incluso de los jueces. Una forma inconveniente de comunicación en tanto que asimila sus declaraciones al foro público más que al riguroso y delicado cometido que le compete dentro del funcionamiento de la Justicia.

Fuese cual fuese la resolución del juez Grande-Marlaska, su actuación no podía haberse visto condicionada por más argumentos de coyuntura que aquellos que afectan a la aplicación de la prisión provisional. Aunque la reiterada actividad desarrollada por Otegi y los demás dirigentes de las organizaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale probablemente continúe representando un desafío permanente al Estado de Derecho. Un desafío ejercido, además, en nombre de la «oportunidad de solucionar los problemas» a la que el propio Otegi se refirió al declarar ayer ante el juez Grande-Marlaska. Basta fijarse en las amenazadoras palabras que el miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Mikel Zubimendi dirigió ayer tanto contra la Ertzaintza como contra el PSOE para recordar las bravatas radicales de los peores tiempos. Está claro que la sociedad vasca y el conjunto de la española contemplan con una esperanza más o menos acusada el inicio de un tiempo que pudiera conducir a una paz definitiva. Pero esa confianza ciudadana quedará defraudada si al silencio de las armas le acompaña la altanería o la provocación de una izquierda abertzale tan acostumbrada a conducirse entre la legalidad y la ilegalidad que el Estado de Derecho no podrá permanecer impasible ante la insistente y retadora presencia pública de formaciones situadas fuera de la ley.