Todos los sindicatos se unieron para convocar ayer una huelga en la Universidad Pública del País Vasco que fue seguida de forma masiva: un 90% del profesorado secundó la llamada, según el Rectorado. El motivo era estrictamente salarial. Los docentes consideran que cobran poco y mal: poco, en comparación con otros empleados públicos de menores méritos, y mal, por el sistema arbitrario y discriminatorio de sus retribuciones. No es un problema nuevo, sino que se arrastra de legislaturas anteriores. La inminencia de la publicación de un decreto que vendría a consolidar, con pequeños retoques, la situación actual y que no habría sido negociado con la representación sindical ha actuado de desencadenante final.

La convocatoria de una huelga entre el personal docente universitario es un acontecimiento preocupante por inusual. De hecho, es la primera vez que, desde que fuera transferida la enseñanza universitaria a la comunidad autónoma, los profesores de la UPV recurren a una medida tan drástica. No cabe, por tanto, tomarse a beneficio de inventario una iniciativa que denota, cuando menos, el descontento general que ha ido acumulándose a lo largo de los años. El destinatario de la queja es, según han dejado claro los convocantes, el Gobierno vasco, que no puede escudarse en la autonomía de la Universidad para trasladar al equipo rectoral la responsabilidad de darle una respuesta adecuada. Dicha autonomía, por importante que sea en algunos campos, no afecta en absoluto al de la financiación, que es el que subyace en el fondo de este asunto. La UPV es, en este terreno, una entidad intervenida, y su margen de actuación autónoma es, en consecuencia, mínimo. Debe ser, por tanto, el Gobierno vasco y, más en concreto, su Departamento de Educación, el que tome en sus manos esta delicada situación. La financiación de la UPV es un problema que amenaza con convertirse, si no se ha convertido ya, en endémico. Año tras año se aprueban presupuestos que se saben insuficientes y deben ser completados extemporáneamente con partidas adicionales. De este modo, la situación, en vez de resolverse, se aplaza. La huelga de ayer debería servir de incentivo para que, en unos momentos de excedentes presupuestarios, el problema reciba una solución, si no definitiva, sí, al menos, duradera.