El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó anoche el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi hasta que pague una fianza de 250.000 euros. El magistrado acusa al portavoz de Batasuna de 108 hechos delictivos que se produjeron durante la huelga convocada el pasado 9 de marzo en el País Vasco y Navarra. La fianza se suma a los 400.000 euros que el instructor le impuso en mayo de 2005 en el sumario que investiga la presunta relación de la coalición abertzale con la organización terrorista ETA. El portavoz de la formación ilegalizada fue conducido a la cárcel madrileña de Soto del Real.

Además de ordenar el encarcelamiento de Otegi , el magistrado dictó un segundo auto en el que fijó las fianzas para los otros dos líderes de la izquierda abertzale para los que el propio Grande-Marlaska había ordenado prisión incondicional por esta misma causa. El ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía, Juan María Olano, y el dirigente de Batasuna Juan Joxe Petrikorena, encarcelados los pasados día 15 y 16 respectivamente, deberán abonar cada uno 200.000 euros para poder salir de prisión.

Petición fiscal

La decisión del juez se hizo pública minutos antes de las once y media de la noche. Pero ya desde comienzos de la tarde se sabía que el Ministerio Público había modificado su criterio. Mientras Arnaldo Otegi permaneció convaleciente de una neumonía que le impidió por dos veces acudir a la citación del juez Fernando Grande-Marlaska, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció y ratificó en varias ocasiones su decisión de pedir prisión incondicional para el portavoz de Batasuna como presunto inductor de los incidentes violentos que se registraron en la jornada de huelga general convocada por la izquierda abertzale en Euskadi y Navarra en protesta por la muerte de dos reclusos de ETA.

Sin embargo, ayer, cuando por fin Otegi pudo traspasar las puertas de la Audiencia Nacional, justo cuando se cumplía una semana del anuncio de una tregua permanente por parte de ETA, la fiscalía se mostró favorable a que el dirigente de la formación ilegalizada pudiera eludir la cárcel previo pago de una nueva fianza que propuso fijar en 100.000 euros, una cifra muy por debajo de la establecida finalmente por el juez.

Fue el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, quien defendió las tesis del ministerio público, y no los fiscales adscritos al caso, Juan Moral y Enrique Molina. Ni Moral ni Molina habían pedido prisión para ninguno de los dirigentes abertzales interrogados hace dos semanas, a pesar de lo cual Petrikorena y Olano sí fueron enviados a la cárcel por Grande-Marlaska.

El fiscal Santos reconoció que el portavoz de Batasuna incurrió durante la huelga general del pasado día 9 en reiteración delictiva, pero, al mismo tiempo, consideró que el aumento de la fianza y las comparecencias diarias pueden evitar que incurra en nuevos delitos en el futuro. Por el contrario, las dos acusaciones particulares personadas en la causa, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ), reclamaron el encarcelamiento incondicional del acusado.

Exposición de Otegi

Durante su comparecencia, Otegi se negó a contestar a preguntas de las partes. En vez de responder, realizó una exposición ante el juez en la que indicó que, a pesar de que «en términos humanos todos sabemos que construir un modelo de solución y paz es muy difícil», existe «una oportunidad real para solucionar los problemas».

El dirigente de Batasuna, que reiteró que «el sufrimiento existe en todas las partes», afirmó que él es un político y señaló que no se vincula con los actos violentos que se produjeron durante la jornada de huelga que han hecho que sea llamado a declarar como inductor de los mismos. «Es un entramado muy delicado. Todos tendríamos que poner de nuestra parte y que se haga todo en términos democráticos, de justicia, libertad y paz», agregó, según informaron fuentes jurídicas.

Según fuentes judiciales, el magistrado entiende que Otegi ha incurrido en reiteración delictiva, pero que el riesgo de que vuelva a repetir comportamientos similares se verá aminorado al elevar la fianza de 400.000 a 650.000 euros.

Grande-Marlaska investiga si ETA ordenó a Batasuna que diseñase, organizase y promoviese una jornada de actos criminales en el País Vasco y Navarra para protestar contra la muerte de dos de sus reclusos y para demandar la reagrupación de sus presos en cárceles vascas bajo el lema 'Dispersión asesina'. Otros dirigentes como Juan Joxe Petrikorena y Juan María Olano, encarcelados días atrás, o de Pernando Barrena y Rafael Díez Usabiaga-ambos en libertad bajo fianza-, fueron acusados de ser los inductores principales de los incidentes del 9 de marzo.

«Unidad de dirección»

En anteriores resoluciones, el juez aseguró que por mucho que los imputados nieguen la organización de la huelga por Batasuna y digan que se trata de hechos espontáneos, los incidentes y hechos delictivos ocurridos «tienen una unidad de dirección, organización y planificación, ajena a los meros hechos vandálicos espontáneamente surgidos».

Los informes policiales detallan que en numerosas poblaciones vascas y navarras se produjeron hasta 108 actos delictivos: cortes de calles y carreteras por coches, neumáticos o contenedores incendiados; bloqueos de vías férreas; sellado de cerraduras con palillos y silicona, piquetes que obligaron a cerrar comercios o empresas, manifestaciones ilegales, y la colocación de cuatro pequeños artefactos explosivos.

El magistrado procesó en 2005 a Arnaldo Otegi en el sumario de Batasuna bajo la acusación de pertenencia a ETA en grado dirigente, porque considera que él y otros dos imputados fugados, Jon Salaberria y Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', lideran, al menos desde 2000, el 'frente político-institucional' de la banda y ocupan la cúspide del proyecto político de la organización terrorista para acabar con el Estado.