El fiscal general del Estado aseguró ayer que el Ministerio Público perseguirá con «rigor» a Batasuna en tanto el Parlamento no cambie la legislación vigente. Cándido Conde-Pumpido, en clara referencia al alto el fuego de ETA, dijo no obstante esperar una «realidad nueva y distinta a la que aplicar la ley».

En una intervención en la comisión de Justicia del Congreso plagada de referencias a la declaración de la banda y de ataques al PP, Conde-Pumpido consideró que el partido de Arnaldo Otegi podría volver a ser legal siempre y cuando «aceptara las reglas del juego» democrático, porque así lo avala la Ley de Partidos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Constitucional.

El máximo responsable de la Fiscalía recordó a los diputados que «la verdadera grandeza del Estado de Derecho reside en que es capaz de asimilar la opinión y la participación de todos, incluso de los que niegan su esencia, siempre que los instrumentos que empleen se acomoden a los cauces democráticos». E insistió en que la propia Ley de Partidos y la jurisprudencia de los dos altos tribunales son las que prohíben la «exclusión individual o colectiva» de las personas o partidos que «acepten las reglas del juego» con independencia de que «nos gusten o no sus ideas y sus proyectos». De hecho, recordó que nada impediría que las mismas personas que integraron una fuerza suspendida o disuelta constituyan una nueva formación política siempre que «sus medios y fines se ajusten a la Constitución y a la ley».

El fiscal general subrayó que el Ministerio Público perseguirá a Batasuna y a sus herederas entre tanto no cambie la legislación o la coalición comience a respetar las normas democráticas. «No está previsto ningún cambio de criterio», aseguró tajante. «Si la ley y la jurisprudencia tienen como objetivo excluir de la vida jurídica, política y social a aquellos partidos u organizaciones que no aceptan las reglas del juego democrático y amparan la violencia, la Fiscalía seguirá actuando con rigor», garantizó, y reiteró que su departamento «aplicará el Estado de Derecho en todo momento» y que el único criterio a seguir será «la ley y toda la ley». «El Estado de Derecho ha funcionado y va a seguir funcionando sin fisuras y sin excepciones, la Fiscalía no hará nada que no esté en las leyes que emanen del Parlamento ni dejará de hacer nada que exijan hacer esas mismas leyes», prometió Conde-Pumpido.

Debilitamiento

Las explicaciones del fiscal general no convencieron en absoluto al PP, el grupo que había solicitado la comparecencia. El portavoz popular de Justicia, Ignacio Astarloa, fue implacable: «El defensor de la legalidad esta siendo un instrumento decisivo en el debilitamiento del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo». El ex secretario de Estado para la Seguridad, que pidió una vez más la inmediata dimisión de Conde-Pumpido, aseguro que su «relevo» es un «elemento básico» para el entendimiento entre el Gobierno y el PP. Astarloa acusó al compareciente de «no estar a la altura» y de tener un comportamiento «intolerable» por sus interferencias en los casos judiciales. Criticó su falta de «credibilidad», dijo que no es «digno» de su cargo y le acusó de «no dar ni una».