La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió ayer una investigación para averiguar si existen irregularidades en el envío de cartas de los responsables económicos de ERC a cargos públicos y empleados de la Generalitat, a los que reclamaría la entrega de un porcentaje de su sueldo a las arcas del partido republicano bajo amenaza de despido si no cumplen con la solicitud.

Según la Fiscalía que dirige José María Mena, ERC podría haber incurrido en los presuntos delitos de vulneración de derecho al trabajo, coacción y 'mobbing' contra trabajadores de la Administración pública catalana. Además, la investigación determinará también si ERC vulneró la Ley de Protección de Datos.

La primera iniciativa del fiscal ha sido solicitar documentación al propio partido republicano, al que reclama, entre otros informes, la lista de las personas a las que ERC considera cargos de libre designación en la Generalitat y otras administraciones públicas. Según aseguró ayer el secretario de Organización y Finanzas de la formación independentista, Xavier Vendrell, ERC ha contestado a las pocas horas remitiéndole copia de todas las cartas y del listado de personas a las que se han remitido.

El episodio ha puesto en un brete al frágil tripartito que gobierna la Generalitat. CC OO y UGT han exigido al consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, el republicano Joan Carretero, explicaciones sobre las polémicas cartas financieras de ERC. El conjunto de las fuerzas políticas catalanas reclama respuestas y nacionalistas y populares acusan a la formación independentista de extorsionar a trabajadores de la Generalitat. Según denuncias periodísticas, una secretaria de la Consejería de Educación, Teresa Ciuró, fue cesada de su cargo en julio de 2004 por no cumplir con la cuota obligatoria de ERC.

Vendrell, firmante de las cartas recaudatorias, volvió a atribuir ayer a «intereses políticos» la polémica y aseguró que su partido es víctima de una «caza de brujas» porque no acepta el nuevo Estatuto catalán. Aseguró tener «la conciencia muy tranquila» aunque admitió que, al tener ERC 1.500 cargos electos y de libre designación, puede haberse producido algún «error» aunque negó categóricamente que se haya despedido a nadie por no someterse al régimen financiero del partido. Admitió en todo caso haber «pecado de inocencia» por reclamar el pago de las cuotas por carta y no por teléfono como hacen «otros».

Falta de confianza

Vendrell indicó que Ciuró fue cesada por la consejera, la republicana Marta Cid, por «falta de confianza política», ya que, según dijo, tenía vinculaciones familiares con altos cargos de CiU -de hecho, achacó la denuncia a «presiones políticas» de este partido-, por lo que calificó de «legal y legítimo» el cese. Según la versión del responsable financiero de ERC, Teresa Ciuró no estaba «obligada» a pagar porque mantuvo «el mismo sueldo» que cobraba antes de que los republicanos accedieran al Gobierno.

El dirigente de ERC defendió el sistema de financiación de su partido como «legítimo, eficaz, transparente y útil», y aseguró que se ha gestionado con «eficacia» al margen de «errores por exceso o por defecto».

Por otra parte, el presidente del consejo consultivo de la Generalitat, Joaquín Tornos , anunció ayer su dimisión dos semanas después de que trascendiera que su bufete privado cobró diversos estudios e informes -por un valor total de más de 40.000 euros- efectuados para cuatro departamentos del Gobierno catalán entre los años 2004 y 2005.

Tornos , que informó de su decisión ayer por la mañana al presidente del Parlament, Ernest Benach, afirmó en un comunicado que su renuncia al cargo busca «evitar cualquier sospecha sobre la independencia de la institución».