La reforma del Estatuto de Cataluña dio ayer el paso más relevante para su aprobación definitiva. El Congreso aprobó con 189 votos a favor, 154 en contra y dos abstenciones el texto que ha enfrentado durante más de un año a los dos partidos mayoritarios; una circuns- tancia que hará de este aún proyecto de ley el Estatuto autonómico que menor respaldo parlamentario ha cosechado en la historia democrática española. El debate continuará ahora en el Senado, que dispone de dos meses para aprobar el texto remitido por el Congreso, siempre y cuando no se apruebe el procedimiento de urgencia, que podría reducir los plazos a veinte días. Salvo que sea modificado en la Cámara alta, los catalanes votarán en referéndum su nuevo y polémico marco jurídico antes del verano, el 18 de junio si se cumplen las expectativas de la Generalitat.

La reforma estatutaria cubrió el trámite en el Congreso -tras casi siete horas de debate y una votación por llamamiento en orden alfabética que se inició a partir del diputado canario Paulino Rivero-, con un escueto porcentaje de apoyo del 54%. Hace 27 años, en 1979, el Estatuto vigente se aprobó con el consenso del 95,5%. El rechazo fue entonces testimonial, ya que sólo hubo un voto en contra, el del ultraderechista Blas Piñar.

El PP y ERC -los dos partidos que junto a EA se oponen al contenido de la reforma- no renuncian a presentar enmiendas en la Cámara alta. Los populares cuentan con una mayoría de 124 senadores que introduce un elemento de incertidumbre a la hora de valorar si se cumplirán los plazos previstos por los partidarios del texto. Pero para que eso suceda, ERC tendría que incumplir su promesa de no hacer pinza con un partido que abomina.

En cualquier caso, Mariano Rajoy dejó claro que seguirá haciendo de la modificación del Estatut la principal bandera de oposición. Y más ahora, cuando el alto el fuego de ETA ha abierto una nueva etapa en sus relaciones con José Luis Rodríguez Zapatero en materia antiterrorista. Precisamente por eso, el líder de la oposición habría querido ayer un cara a cara con el presidente. Era su oportunidad de dar mayor proyección a una batalla que sabe beneficiosa para sus intereses electorales. Pero Zapatero, que sí defendió la propuesta en el debate de su toma en consideración, el pasado 2 de noviembre, optó por ejercer de mero espectador y, de esta manera, intentar rebajar su vinculación con la reforma catalana.

En su lugar, fue la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, la que proclamó las bondades de esta reforma. Pero lo hizo de forma breve y superficial, con un discurso plano en el que pasó por alto los asuntos más espinosos; en especial, la definición de Cataluña como nación que aparece en el preámbulo. El Gobierno eligió pues un perfil bajo con el que dio la sensación de que ésta ya no es su guerra. Un importante dirigente socialista lo apuntó hace días: «Zapatero ya está a otras cosas». No obstante, el propio presidente anunció horas después en Telecinco que hará una nueva intervención sobre el Estatut en el Senado.

Aunque premeditado, el silencio del jefe del Ejecutivo en el Congreso dejó un regusto agridulce entre los diputados del PSOE. Era un debate de calado y las duras palabras del líder de la oposición sólo obtuvieron respuesta en las voces de los grupos minoritarios. Ni siquiera Alfredo Pérez Rubalcaba exprimió su elocuencia. Sí acusó a Rajoy de difundir «falsedades» y le propinó un embate con reminiscencias históricas: «Ustedes gobernarán con este Estatuto, lo aplicarán y defenderán e incluso quizá traten de convencer a los demás de que fue obra suya», ironizó.

Dos bloques

El presidente del PP se empleó a fondo para dibujar un escenario «rocambolesco». Más allá de las críticas sobre la inconstitucionalidad de la reforma -que espera corroborar en un futuro con un auto del Tribunal Constitucional- su discurso puso en el foco la ambigüedad del texto redactado. A su juicio, es eso lo que permite a los socialistas asegurar que se ajusta a la Constitución y también lo que les da pie a defender, como hizo Rubalcaba, que el hecho de que el Estatuto diga que Cataluña es una nación para el Parlamento autonómico no es más que una realidad «incontrovertible» sin carácter normativo.

Rajoy insistió en que los preámbulos de los textos legislativos tienen operatividad jurídica porque sirven para interpretarlos. «Cualquier juez se sentirá autorizado para proclamar que en la intención de los que hoy nos reunimos aquí estaba dejar constancia de que Cataluña debe ser contemplada a todos los efectos como una nación», aventuró. La crítica puso de manifiesto una paradoja: la interpretación que del nuevo Estatuto hacen sus adalides catalanes (sobre todo CiU e ICV) se acerca más a la del Partido Popular que a la del PSOE, y la que hace el PSOE es más próxima a la de Esquerra que a la de sus nuevos socios parlamentarios.

Salvo el socialista, todos los partidos que ayer votaron a favor del Estatut (CiU, IU-ICV, PNV, CC y BNG) entienden que por primera vez las Cortes Generales reconocen que Cataluña es una nación, que puede mantener relaciones de tú a tú con el Estado. El PP, en el bloque del 'no', comparte esa misma visión, que niegan ERC y EA (las únicas abstenciones fueron Nafarroa Bai y Chunta Aragonesista).

Esa opinión de los republicanos es, por cierto, la que ha hecho que este proyecto acabe su periplo parlamentario con menos apoyos de las fuerzas catalanas de los que recibió el pasado 30 de septiembre en la Cámara autonómica. Entonces un 88,8% del Parlament avaló la reforma. Ayer el porcentaje se redujo al 81%.