El texto al que ayer dio luz verde el Congreso de los Diputados con 189 votos a favor y 154 en contra es, como la propia relación de fuerzas indica, una reforma controvertida, fruto de una larga historia de acuerdos y desacuerdos, complejas negociaciones, constantes tiras y aflojas, desaires, desplantes, agraviados y desagraviados, triunfadores y perdedores. Al menos, según la interpretación de los protagonistas de su tramitación, desde que en noviembre la Cámara baja aceptara tomar en consideración el Estatuto aprobado por el Parlamento catalán. Una vez alcanzado en enero el decisivo acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas, éste es -en líneas generales y tras su paso por la ponencia y la comisión constitucional-, el resultado final, que supone importantes recortes sobre el del Parlament e importantes avances respecto al de 1979.

NACIÓN Y NACIONALIDAD

En el preámbulo, no en el articulado

La definición más espinosa

Sin duda, uno de los aspectos más espinosos y con más ramificaciones en la política nacional, sobre todo en la vasca. La propia vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó recientemente que el concepto de nación tal como está recogido en la reforma aprobada ayer en el Congreso «no es superable» por ejemplo en el caso de Euskadi, ya que entraría en colisión con el artículo 2 de la Constitución española.

El texto original proclamaba en su artículo 1 que «Cataluña es una nación». No obstante, el Estatut pactado por Zapatero y Mas la define como «nacionalidad» en el articulado, si bien el preámbulo recuerda que el Legislativo catalán, «recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña», la ha definido «de forma ampliamente mayoritaria» como nación. Y abunda a continuación: «La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad», el mismo término que empleaba el texto estatutario de 1979. El galimatías terminológico no ha satisfecho a todos, ni mucho menos: mientras ERC, descolgada de la reforma tras el acuerdo entre el Gobierno y CiU, lo juzga claramente insuficiente, el PP cree que el mero hecho de aludir al término 'nación' deja la puerta abierta a futuros y «conflictivos» cambios en el modelo de Estado y pone en peligro la unidad de España.

LENGUA, SÍMBOLOS Y DERECHOS HISTÓRICOS

Sin opción de actualización

El deber de saber catalán

La lengua ha sido otro de los puntos polémicos del texto pulido en la comisión constitucional, hasta el punto de que el líder popular, Mariano Rajoy, llegó a decir que el Estatut hacía con el castellano lo mismo que «se hizo con el catalán en tiempos de Franco». El nuevo Estatuto establece el derecho de usar las dos lenguas oficiales -catalán y castellano- y el derecho y el deber de conocerlas, pero sólo para los «ciudadanos de Cataluña» -los españoles con vecindad administrativa allí- y no para «todas las personas en Cataluña», como se recogía en la redacción original. Además, puntualiza que «no puede haber discriminación» por el uso de una u otra lengua. Hay más cambios: si antes se pedía que el etiquetado de los productos que se comercialicen en la comunidad autónoma figure «al menos» en catalán, ahora se pide que conste «también» en catalán.

Se mantiene el epíteto «nacionales» para designar a símbolos como la bandera, la fiesta del 11 de septiembre y el himno, aunque el PSOE pretendía suprimirlo.

Se reconocen los derechos históricos como fundamento del autogobierno de Cataluña «en el marco de la Constitución» y se considera que quedan actualizados con la propia reforma -en virtud del artículo 5 del texto-, en lugar de darles carta de naturaleza como fuente de posibles reivindicaciones futuras. De hecho, populares y socialistas, con el apoyo de los convergentes, eliminaron del Estatut la advertencia recogida en la disposición adicional primera -ahora suprimida-, en la que se establecía que la aceptación del régimen de autonomía no implica «la renuncia» del pueblo catalán a los derechos que le correspondan en virtud de su historia, ni tampoco a su «actualización». También se eliminó del redactado original la referencia explícita al derecho de autodeterminación.

FINANCIACIÓN

Más recursos e inversiones

Lejos del Concierto vasco

Siempre fue el principal escollo para hacer llegar a buen puerto el texto estatutario, por encima de cuestiones identitarias: las posiciones de los negociadores estaban alejadas y la disposición a hacer concesiones parecía mínima. Finalmente, el Gobierno mejoró su oferta inicial, para ceder a la Generalitat hasta un 50% de la recaudación del IRPF y del IVA y hasta un 58% de los impuestos cedidos -alcohol, tabaco y carburantes-. En dos años se creará una agencia consorciada paritaria con el Estado -y no una propia que permita gestionar todos los tributos que se pagan en Cataluña y negociar después las aportaciones bilateralmente con el Estado- que empezará a recaudar el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta.

El modelo pactado, sin embargo, queda lejos del Concierto Económico vasco -lo que originalmente reivindicaban CiU, ERC e ICV - y se asemeja básicamente al vigente en cuanto a su estructura, aunque garantiza un importante incremento de los recursos y cuantiosas inversiones. De hecho, el pacto alcanzado en enero entre el presidente del Gobierno y el de CiU contempla el compromiso de invertir en Cataluña durante los próximos siete años un porcentaje similar al que la comunidad autónoma aporta al PIB. Según CiU, esta operación supondrá una inversión estatal de entre 3.600 y 4.000 millones de euros en ese período.

COMPETENCIAS

Unas sí, otras no

Polémica por el aeropuerto de El Prat

En este apartado las fricciones han planeado sobre el traspaso de la gestión del aeropuerto de El Prat, una de las competencias reclamadas con mayor insistencia y que no se traspasará según la fórmula prevista en el Estatuto catalán, finalmente excluida por voluntad del PSOE del texto que aprobó ayer el Congreso. Quedará pendiente de dos leyes orgánicas que el Gobierno ha prometido aprobar esta legislatura para el traspaso a Cataluña de la gestión de puertos y aeródromos y que, según el ministro José Montilla, tendrán un efecto análogo.

Ha desaparecido asimismo otra atribución polémica: el fomento de las selecciones deportivas catalanas y su participación en competiciones internacionales -otro de los principales desacuerdos entre nacionalistas catalanes y socialistas-, pero se otorgan en cambio a la Generalitat mayores competencias en inmigración, infraestructuras y organización territorial.

JUSTICIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

El catalán, «mérito» para ser juez

Pionera en la descentralización

La reforma estatutaria permitirá a Cataluña convertirse en pionera en la descentralización judicial. El texto ratificado ayer reconoce al Tribunal Superior de Cataluña como la última instancia judicial, aunque sujeta siempre a la unificación de doctrina que fije el Supremo. La comunidad autónoma disfrutará también de su propio órgano de gobierno de los jueces, que asumirá competencias del Consejo General del Poder Judicial. Estas modificaciones preservan, según el PSOE, la unidad del Poder Judicial, aunque para el PP suponen una «auténtica quiebra» del Estado de Derecho.

También han quedado rebajadas las pretensiones de las fuerzas nacionalistas catalanas sobre las capacitaciones lingüísticas para ocupar una plaza de juez. El texto aprobado establece que los magistrados, jueces y fiscales que ejerzan en Cataluña deberán acreditar un conocimiento «suficiente y adecuado del catalán, pero su manejo ya no se considera un «requisito» sino un «mérito».

Otro de los asuntos sobre los que el consenso entre nacionalistas y socialistas resultó imposible es la creación de una circunscripción catalana para las elecciones al Parlamento europeo, algo a lo que el PSOE se opuso frontalmente.