La presidenta del PP vasco, María San Gil, dio ayer un giro radical a sus habituales críticas a José Luis Rodríguez Zapatero y se mostró, en cambio, «esperanzada» por la anunciada intención del presidente del Gobierno de convocar la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista, rubricado por PP y PSOE en diciembre de 2000 e inactivo en la práctica por el clima de tensionamiento entre los dos principales partidos. No obstante, tras la reunión del jefe del Ejecutivo con Mariano Rajoy y el deshielo de sus relaciones tras el alto el fuego, San Gil fue tajante: «Vuelvo a creer que Zapatero quiere derrotar a ETA».

La dirigente popular aprovechó la clausura del congreso del PP de Ayala celebrado ayer en la localidad alavesa de Quejana -en la que participaron como invitados, entre otros, la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, y el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz- para expresar su alegría por la reactivación del Acuerdo por las Libertades, «el mejor instrumento para derrotar a ETA». De hecho, su convocatoria ha sido acogida como una «buena noticia» en la sede central del PP, no sólo porque responda a la petición que Rajoy hizo al jefe del Ejecutivo sino también por su carga «simbólica».

En sintonía con esta línea, San Gil insistió en que su partido «quiere colaborar con el Gobierno para derrotar» a la banda, si bien puntualizó que, aunque la convocatoria del Pacto es de suma importancia, también lo es «leérselo y saber lo que dice» y recordó que aboga por utilizar en la lucha contra ETA «todos los medios que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición». Además, advirtió de que existen unos «mínimos democráticos» por los que su formación «no puede pasar», como la necesidad de no pagar «precio político» a cambio de la desaparición de la organización terrorista.

San Gil se refirió sobre todo a la posibilidad de que «por arte de birlibirloque» Batasuna pueda estar «legalizada» y participar en la vida política «como si fuera otro partido». Recordó que toma parte en ruedas de prensa y manifestaciones sin que el Estado de Derecho actúe para evitarlo y alertó de que «si dejamos que esto pase estaremos pagando un precio político».

También criticó la decisión del fiscal general de cambiar su petición de prisión incondicional para Arnaldo Otegi por cárcel eludible bajo fianza. «Hemos convertido a Otegi en el prohombre del proceso de paz y nos hemos olvidado de quién es», lamentó San Gil, que prometió estar «alerta y vigilante» para que la Justicia no se relaje en función de «intereses partidistas».